Aseguran que la Defensoria de la Victima ha permitido importantes sentencias en juicios por trata

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, aseguró que "el acompañamiento jurídico" a personas víctimas de trata a cargo de la Defensoría Pública de Víctimas (DPV) "ha permitido importantes sentencias que, más allá de una pena al autor del hecho, garantizan la adecuada reparación económica" de las denunciantes.
Justamente una justicia que "en la que se garantice la escucha a las víctimas, se construyan respuestas que responsabilicen a quienes cometen daños y repare a las víctimas" fue uno de los reclamos del documento Ni Una Menos 2023, que se leyó al final de la multitudinaria movilización del último sábado y que en los últimos años brega también por "una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria".
Creada en 2017 en virtud de la Ley de Víctimas, la DVP que pertenece a la órbita de la Defensoría General de la Nación con la tarea de garantizar asistencia técnica y patrocinio jurídico a víctimas sin recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.
Seis años después, Martínez asegura que "el mayor logro es que a partir de esta nueva institución la víctima se ve jurídicamente acompañada en el marco del proceso penal".
"Durante muchos años -y hasta no hace mucho tiempo- la víctima era ignorada, no se le reconocía ningún derecho, no se respetaba su opinión, se la tomaba como un mero objeto de prueba", dijo a Télam.
"En la actualidad se le empieza a dar el lugar que le corresponde. Para eso es importante que, al igual que los imputados, cuente con el asesoramiento de un abogado que le haga saber todos sus derechos y que, si la víctima lo desea, le otorgue patrocinio letrado gratuito para que pueda convertirse en parte querellante, es decir, ser parte en el proceso", agregó.
En relación a las víctimas de violencia de género, la defensora explicó que este impacto positivo se verifica "en las causas de trata donde el acompañamiento jurídico ha permitido conseguir importantes sentencias que, más allá de una pena al autor del hecho, garantizan la adecuada reparación económica" a las damnificadas y denunciantes.
Por otro lado, Martínez aseguró que "la Defensoría de la víctima se inscribe en un modelo de Ministerio Público de la Defensa que garantiza el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, en especial de los más vulnerables" y en ese sentido no conoce "ningún antecedente ni regional ni universal" de una institución similar, "más allá que Defensorías Públicas de la región y de las provincias argentinas otorgan en ciertos casos patrocinio a víctimas, pero sin tener la figura" de un magistrado o magistrada específico.
Por último, apuntó que el hecho de que sólo ocho provincias tengan a su Defensoría Pública de Víctimas en funcionamiento, "es un gran inconveniente" aunque "este problema no se circunscribe a los Defensores/as Públicos/as de Víctima, también tenemos muchos otros cargos vacantes por falta de designación".
(Télam)