Amnistía Internacional Argentina denunció que hay “graves barreras en el acceso al aborto legal en Catamarca” tras una investigación que realizó en esa provincia a nueve meses de la puesta en vigencia de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En el informe difundido por la organización de derechos humanos se consignó "la falta de disponibilidad de servicios suficientes para garantizar el acceso al aborto legal, ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica y desconocimiento sobre el alcance legal de la objeción de conciencia”.

Este relevamiento tuvo como eje los testimonios de mujeres catamarqueñas que dieron cuenta que, “por la falta de información y el temor a la exposición”, no logran acceder a la práctica o exponen su vida y salud para hacerlo.

El equipo de Amnistía Internacional Argentina (AIAR) se trasladó al departamento de Andalgalá, donde constató que “no hay centros de salud públicos ni privados que garanticen el acceso a la práctica, como así tampoco información sobre dónde se podría acceder”.

En este sentido, remarcó que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben recorrer “cerca de 100 kilómetros para llegar al centro de atención primaria de la salud más cercano que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo y 185 kilómetros cuando requieren internación”.

“En una zona montañosa, llegar al único hospital garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE) implica un viaje de tres horas y media, lo que aumenta el riesgo en la salud de las pacientes”, detalló el comunicado.

El equipo tomó también testimonios a autoridades y trabajadores de la salud que aseguran que “el sector privado deniega el acceso a la IVE e incumple la ley”, por lo que el organismo presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Obra Social de Empleados públicos de Catamarca (OSEP).

“Es inaceptable que, después de la aprobación del derecho al aborto, muchas de las mujeres de Catamarca todavía no sean libres de decidir sobre su cuerpo. El Estado debe adoptar medidas concretas para el acceso a la interrupción del embarazo sea una realidad”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

Una vez realizado el trabajo, representantes del organismo mantuvieron encuentros con la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, con autoridades de ese ministerio, con el director de la maternidad, con profesionales de la salud y con organizaciones de la sociedad civil.

En uno de los encuentros, Palladino se comprometió a “difundir información para el acceso al aborto en los centros de salud; capacitar al personal médico sobre sus obligaciones legales y los procedimientos reconocidos por el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la IVE e ILE para garantizar la práctica; asegurar el respeto de la confidencialidad médica; y a realizar relevamientos territoriales para fortalecer el acceso”, según detalló AIAR.

Asimismo, el funcionario informó que, “mediante resolución ministerial, dejó sin efecto el registro de objetores de conciencia existente por no adecuarse a la nueva normativa”.

En los encuentros, Amnistía Internacional destacó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como una pieza clave en el trabajo para la implementación de la ley.

(Télam)