A 10 años, referentes que militaron la ley destacan la ruptura que implico a nivel mundial

(Por Alicia Alvado) Protagonistas de la lucha por la sanción de la ley de Identidad de Género que mañana cumple 10 años, destacaron la ruptura que esta norma significó a nivel mundial y coincidieron en que "una reparación integral" constituye hoy la principal deuda vigente con la población travesti/trans que sufrió todo el peso de los años de criminalización.
"Gracias a la ley, yo dejé de ser una ciudadana de segunda y empecé a tener los mismos derechos que cualquier otra persona", dijo a Télam la activista trans antirracista, docente y directora teatral, Daniela Ruiz, que militó fuertemente por su sanción.
Esto implica desde "poder casarme con mi nombre", hasta, en caso de requerimiento policial, "poder mostrarle el DNI sin sentirme criminalizada por ser una travesti racializada, y por eso expuesta a que me detenga, me lleve presa y me viole".
Ruiz, a quien la justicia le había negado dos veces la rectificación al momento de sancionarse la norma, recuerda perfectamente cuando le llegó el nuevo plástico a su casa, la manera en que le latía el corazón mientras abría el sobre, y cómo pensaba en "tantas compañeras muertas que lucharon por esto y no llegaron a verlo".
El redactor del proyecto del Frente Nacional por que terminó convertido en ley, Emiliano Litardo, sostuvo en diálogo con Télam, que "con esta ley, Argentina instala a nivel mundial otra forma de pensar y gestionar el derecho a la identidad de género que no estaba asociada a control judicial o biomédico".
El abogado y referente de Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex) explicó que la norma implicó dejar atrás el "modelo psicopatologizador" para adoptar uno "centrado en la autonomía para expresar su género sentido y afirmarlo en una dimensión registral, corporal y de trato digno; tres dimensiones que se conectan pero que no se condicionan".
Para la referente trans y también integrante del Frente, Marlene Wayar, "el espíritu de la ley en el cotidiano a veces es muy difícil de aplicar" por los obstáculos que representan las burocracias administrativas, la discriminación, y algunas rigideces en la interpretación de la norma.
"El balance siempre es positivo porque somos otra sociedad y eso es importantísimo, más allá de que después implementar el espíritu de la ley en el cotidiano sea difícil porque depende de muchos factores en un territorio tan grande y complejo, entre ellas cuestiones administrativamente pequeñas, de clase y raciales", afirmó.
Y agregó que "los pilares más importantes de la ley –que son la no patologización, la no criminalización y la no judicialización- es precisamente hoy lo que sigue en discusión, porque si somos las personas las únicas capaces de definir nuestra identidad ¿por qué existen cuestiones legales y administrativas que nos siguen condicionando en la binariedad?".
A su turno, Ruiz destacó "los avances del transfeminismo y la lucha antirracista" como resultado de 10 años de vigencia de la ley de identidad de género.
"Ha sido un faro para muchas luchas que hoy tienen un impacto hasta dentro del propio Estado, como la ley de inclusión y cupo laboral trans, que habla de una mirada comprensiva del territorio y las interseccinalidades".
Litardo, por su parte, recordó que "entre el 2010 y 2011 coexistían en el Congreso Nacional tres proyectos de ley que buscaban regular el derecho identidad de género con estrategias jurídicas y fundamentos teóricos distintos".
"Si uno tuviera que narrar la historia de la ley, hay que hablar de múltiples tramas que se fueron como enlazando en un proceso complejo que involucró a distintos actores sociales en una lucha política por un modelo de identidad de género lo más receptivo y respetuoso de las experiencias de las identidades travestis trans, con plena participación de los movimientos", explicó.
En ese sentido, Litardo explicó que "el proceso de gestación" de esta ley de vanguardia a nivel mundial se nutrió de diferentes "articulaciones" como la que se dio entre las teorías trans con las del feminismo crítico; entre la academia transfeminista y la militancia político/territorial de las agendas de la diversidad sexual; entre una población que demandaba derechos con "un gobierno que habilitó el debate público y permitió una escucha activa y comprometida"; entre el activismo político y el jurídico, entre otros.
En este último sentido recordó que "iniciamos demandas en todo el país" reclamando el cambio de nombre y género en el DNI y partida de nacimiento "con otro tipo de argumentos" más en línea con lo que proponían los Principios de Yogyakarta, "y por suerte cierto parte del Poder Judicial contribuyó con sus fallos a fortalecer el contenido de un proyecto despatologizador".
Desde el primer fallo que en 1997 otorgó al rectificación registral a una persona trans y por más de 10 años, las sentencias judiciales consagraron "un esquema de autorizaciones condicionadas al tratamiento médico o psiquiátrico y a intervenciones quirúrgicas, lo que va a cambiar cuando empiezan a salir primeras sentencias en la Ciudad de Buenos Aires que respetan el género afirmado sin someter a las personas a procesos de intervención quirúrgicos o biomédicos" como el que benefició en 2010 a Florencia de la V.
"A partir de mayo de 2012 se instala este modelo despatologizador según el cual no hay ninguna identidad de género que en sí misma deba ser catalogada como una enfermedad o un trastorno a la salud sexual, que todas las personas tenemos identidad de género y que ésta se basa en una declaración personal", señaló.
Y añadió: "Además involucra al Estado en la construcción de la identidad de género porque si bien este proceso es personal, tiene una proyección social importante que para garantizarla requiere de una intervención activa del estado, como por ejemplo para el acceso a las intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales".
Diez años después "la ley ha legitimado que muchas personas se hayan permitido sacudir los prejuicios y tomar a las personas travestis trans como una vecina más", opinó Wayer, lo que "ha provocado muchísimas acciones solidarias de parte de personas concretas, de instituciones del Estado e incluso empresas privadas que, por ejemplo, intentan tener un cupo laboral".
Los tres apuntaron que el próximo paso legislativo debería ser la una reparación histórica a las personas travestis, es decir, una compensación económica para todas las personas trans mayores de 40 que padecieron los años de detenciones constantes, hostigamiento y violencia institucional sólo por su identidad.
"Con mis 46 también puedo decir que soy una sobreviviente porque he vivido esa violencia en mi cuerpo y no sé hasta dónde voy a llegar. La reparación es posible porque somos muy poquitas las sobrevivientes y no puede ser que hoy por hoy no tienen una casa, un plan social, o incluso el DNI por procesos migratorios o porque desconocen sus derechos", concluyó. (Télam)