La Justicia rechazó un pedido de prisión domiciliaria para un ciudadano peruano acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes del contrabando de divisas y de la venta de drogas, quien fue procesado el año pasado por un juez que le trabó un embargo sobre sus bienes de 10 mil millones de pesos, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala B de la Cámara en lo Penal Económico y recayó sobre el acusado Carlos Sein Atachahua Espinoza (51), alias "El Gordo Jesús", quien había solicitado el arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Caballito a raíz de las enfermedades que padece y la posibilidad de contagiarse de Covid-19 en su lugar de detención.

La defensa del ciudadano peruano había invocado también en su pedido el “interés superior del niño”, ya que el detenido tiene dos hijas menores de edad (de 13 y 11 años) y la “inexistencia de riesgo de fuga”.

Sin embargo, la cámara entendió que “no se verifica en el caso ningún tipo de afectación a los derechos y garantías constitucionales y convencionales de las menores”, quienes se encuentran al cuidado de una hermana mayor de edad y una amiga de ésta.

Con relación a los riesgos procesales, el tribunal ponderó el dictamen fiscal que se opuso al arresto domiciliario porque, sostuvo, “aun cuando se le colocara un dispositivo electrónico” sería insuficiente para neutralizar los peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Sobre los padecimientos de salud y el riesgo de contagiarse de coronavirus, los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio valoraron informes “que permiten concluir que el Servicio Penitenciario Federal cuenta con los medios necesarios para tratar de manera apropiada el cuadro médico que presenta”.

En noviembre del año pasado, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola había procesado con prisión preventiva a Atachahua Espinoza como jefe de la asociación ilícita y le trabó un embargo sobre sus bienes de 10 mil millones de pesos.

En la misma resolución, el juez procesó como integrantes de la banda a Miguel Ángel García Ramos (47) y a Carla Violeta Correa Castañeda y también procesó pero sin prisión preventiva a la hija de Atachahua Espinoza, Naddya Lebira Atachahua del Aguila (26).

Estos procesamientos fueron confirmados luego por la sala B de la Cámara en lo Penal Económico.

Según el magistrado, estas cuatro personas integraban una asociación ilícita junto al financista "arrepentido-colaborador" Diego Gusatini, asesinado a balazos en octubre de 2019 en el partido bonaerense de Quilmes.

Para la Justicia, la organización ingresó al sistema financiero y administró una gran cantidad de bienes producto del narcotráfico, disimulando su verdadero origen a través de distintas empresas, entre ellas Tebinan SRL, Espacio Libre SRL, Rosgar SA, SYB SA y Fideicomiso Rosario 724.

Según se tuvo por probado, por medio de la adquisición de paquetes accionarios de esas firmas comerciales, la estructura liderada por Atachahua Espinoza logró convertir aproximadamente 7.250.000 de dólares en efectivo en participaciones societarias que simulaban tener origen lícito.

La actividad de la organización se prolongó hasta fines de octubre de 2020, cuando la Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en domicilios particulares y oficinas del microcentro porteño y detuvo a los tres principales sospechosos.

Tras esos operativos, en los que se secuestraron 360.000 dólares, 4.600.000 pesos, 10.000 euros y divisas de Brasil, Japón, Rusia y el Reino Unido, entre otros países, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reveló a la prensa que entre los detenidos estaba el presunto líder de una banda que había lavado 35 millones de dólares "en el curso de más de una década". (Télam)