Una fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe fue procesada por encubrimiento y abuso de autoridad al haber presuntamente facilitado la desaparición de 1.100.000 dólares y 3.000.000 de pesos de la escena de un asesinato, que fueron retirados con su consentimiento por familiares de la víctima, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez Carlos Villafuerte Ruzo, que subroga el juzgado federal 2 de la ciudad de Santa Fe, procesó ayer a Cristina Ferraro junto a otros civiles y dos policías por presunto encubrimiento, y le trabó embargo a la fiscal por 500 mil pesos, informó hoy el sitio web del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La causa se inició por una denuncia del entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, quien le pidió al fiscal federal Walter Rodríguez que investigue un presunto caso de lavado de activos en la oficina de Turismo Oldani SRL.

El titular de ese comercio ubicado en la Galería Rivadavia de la capital provincial, Hugo Oldani, fue asesinado a tiros el 11 de febrero de 2020 en su oficina.

En la investigación del crimen, peritos policiales filmaron la escena del asesinato y registraron dinero –tanto dólares como pesos argentinos- en el fondo del local, sobre una estantería de madera.

Sin embargo, los billetes desaparecieron luego de la escena del crimen, que era investigado por la fiscal provincial Ferraro.

Según la investigación del fiscal federal Rodríguez, el dinero fue retirado de la oficina la misma noche del asesinato por Virginia Oldani, hija de la víctima, su pareja y otra persona, y contó con el aval de Ferraro.

A partir de la filmación de los peritos, personal de la Dirección Scopometría de la Policía Federal estimó que en la parva de dinero había U$S1,1 millón y algo más de 3 millones de pesos, según la información que consta en la causa.

A partir de la denuncia de Sain sobre el presunto funcionamiento en la casa de turismo de una mesa de dinero, el fiscal Rodríguez pidió y consiguió el procesamiento de Oldani y otras diez personas por el delito de intermediación financiera no autorizada.

El fiscal remarcó que aquel dinero desaparecido debía ser tomado en cuenta “como evidencia de actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para luego prestarlos al público de forma clandestina y sin el control, autorización y supervisión del Banco Central”, informó el MPF.

Pero a la vez, Rodríguez avanzó sobre la presunta responsabilidad de la fiscal Ferraro en la desaparición del dinero “negro” que tenía en su oficina el comerciante asesinado la noche del crimen.

“Antes de la finalización del procedimiento que culminó con la colocación de una faja de seguridad en la puerta del local, siendo las 00:57 del 12 de febrero, ingresaron al mismo Virginia Oldani, otras tres personas y una abogada que se desempeñaba -por aquel entonces- en ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, identificada recientemente como V.A.V.", puntualizó Rodríguez en su pedido de indagatoria.

Y remarcó: “Las imágenes (de cámaras de seguridad de la galería) demuestran que a las 01:04, las personas referidas egresaron del local hacia el hall -en presencia de la fiscal Ferraro-, portando bolsos, una mochila y una caja azul, e inmediatamente, el personal policial colocó la faja de seguridad, mientras que a partir de las 01:10 se registró el inicio de la salida mancomunada de la galería”.

Del teléfono de Virginia Oldani, secuestrado en la causa, surgió que ese día buscaba el número de la fiscal Ferraro y que planeaba ocultar el dinero que había en la oficina de su padre en una caja fuerte, señala el procesamiento de Villafuerte Ruzo.

El juez también procesó al marido de Oldani, a una abogada y a un hombre vinculado a la víctima como “presuntos autores de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por el ánimo de lucro”.

Esas personas fueron sindicadas por el fiscal Rodríguez como las responsables de haberse llevado el dinero y otros elementos de la escena del crimen.

El procesamiento también alcanza a los jefes policiales Walter Sebastián Barco y Hernán Ceferino Galán, como presuntos autores del delito de inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente.

El juez federal consideró que existen suficientes elementos para tener por cierto que ambos desconectaron dos cámaras de seguridad del edificio para evitar que sea registrada la salida del dinero, que había sido autorizada por Ferraro. (Télam)