Una fiscal solicitó hoy que dos hombres sean condenados a prisión perpetua por el secuestro extorsivo seguido de muerte de Xiomara Naomi Méndez, una adolescente de 15 años que en noviembre de 2018 fue capturada a la salida de una escuela del barrio porteño de Flores y hallada asfixiada en el auto en el que la tenían cautiva, pese a que su familia ya había pagado un rescate, informaron hoy fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por la fiscal general Gabriela Baigún para los imputados Bruno Martín Cortez (38) y Luis Alberto Fernández (43), quienes por este caso están siendo juzgados desde mayo pasado en un debate que se realiza vía electrónica, por la plataforma Zoom, ante el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal.

En su alegato, Baigún los consideró coautores de un “secuestro extorsivo cuádruplemente agravado por haber obtenido el pago del rescate, por ser la víctima una menor de edad, por la existencia de un vínculo de respeto y por causar intencionalmente la muerte de la víctima”.

En el caso de Fernández -quien era conocido de la familia de la víctima y a quien incluso la víctima lo llamaba “tío”-, la fiscal también lo acusó por los delitos de “resistencia a la autoridad agravada por haberse cometido mediante el uso de un arma de fuego, encubrimiento por receptación y portación de arma de guerra”.

Ante los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu, Guillermo Costabel, la fiscal general pidió para ambos acusados que llegaron a juicio detenidos con prisión preventiva, la pena máxima de prisión perpetua.

Si son condenados, Cortez y Fernández recién podrán pedir la libertad condicional en 2053, tras pasar 35 años encarcelados.

Click to enlarge
A fallback.

Según las fuentes, Baigún dio por acreditado que durante los primeros días de octubre del 2018, los imputados Fernández y Cortez y otro hombre aún no individualizado en la causa “comenzaron a idear y planear el secuestro extorsivo” de la adolescente de 15 años, hija de inmigrantes peruanos.

El plan comenzó a ejecutarse a las 17 del 20 de noviembre de ese año, cuando la víctima fue secuestrada cuando salió del Liceo número 5 “Pascual Guaglianone”, ubicado en Carabobo 297.

La adolescente fue interceptada por Fernández -conocido de la familia-, que le gritó “Naomi”, por lo que la chica le dijo a una amiga “me vinieron a buscar” y se subió a un Fiat Duna rojo.

“Conocía a Xiomara hace muchos años. Desde que ella tenía un año. No era la primera vez que él la buscaba del colegio. Ella y sus hermanos siempre lo llamaron tío”, remarcó la fiscal en su alegato.

Media hora más tarde, la madre de la adolescente recibió desde el WhatsApp del celular de su propia hija, el primer mensaje de audio extorsivo: “Patri, tengo a tu hija Naomi. Llamame rápido, urgente”.

En el siguiente mensaje, cuyas transcripciones constan en el expediente, se escuchan los llantos de la menor de edad y al secuestrador pidiéndole a la chica que le diga a su madre dónde estaba y qué le había pasado.

La fiscal relató ante los jueces que en el inicio las exigencias de los captores consistían en la entrega de “50.000 pesos y 30 kilos de droga”, aunque después fueron bajando las pretensiones.

“Me das 50.000 pesos y dos kilos y te la largo ya, sino, no la ves más”, fue uno de los pedidos de rescate que quedó registrado en las escuchas y en el que el captor no sólo exigía dinero, sino también cocaína.

“Llego a 30.000 pesos, no llego a más, por favor. ¿De dónde te voy a conseguir eso?”, le respondió la madre de Naomi en referencia a la exigencia de la droga, a lo que el secuestrador contestó: “Conseguime los dos kilos, vos sabés dónde conseguir, no te hagas la tonta”, según las transcripciones de la causa.

La mujer realizó la denuncia en la comisaría comunal 9 de la Policía de la Ciudad y de inmediato el caso comenzó fue derivado como un secuestro en curso a la fiscal federal María Alejandra Mángano y a la División Operativa Central del Departamento Investigación de Secuestros Extorsivos de la Policía Federal (PFA), que intervino las líneas telefónicas y realizó los seguimientos.

Pasada la medianoche, tras seguir las indicaciones de los captores, la madre de la adolescente acompañada por uno de sus hijos, pagó un rescate de 30.000 pesos que dejó detrás de la rueda de un auto estacionado frente a una gomería en el cruce de las avenidas Chiclana y Boedo.

“Yo cuento la plata y la suelto”, le dijo uno de los delincuentes, pero la promesa no se cumplió, ya que a esa hora, por lo que luego determinó la autopsia, Naomi ya estaba muerta.

Los secuestradores que se movilizaban en el Fiat Duna rojo pararon a unas cuadras de donde cobraron el rescate para hablar con los ocupantes de un automóvil blanco, que se sospecha también pudieron participar del hecho, recibir parte del rescate y aún no fueron identificados por la justicia.

Todo terminó unas horas más tarde, con Fernández y Cortez detenidos tras una persecución por el Acceso Oeste, que terminó con los imputados chocando en la bajada del peaje de la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Adentro del auto, la policía encontró muerta en el piso de la parte trasera a la adolescente, que estaba tapada con una frazada, con la cabeza cubierta por un buzo, amordazada y cinta de embalar alrededor del cuello, donde a su vez tenía una varilla de madera sujeta a modo de torniquete y una soga atada al cinturón de seguridad.

En el juicio, el médico forense que hizo la autopsia confirmó que la víctima murió producto de una “asfixia mecánica por compresión cervical” con un doble mecanismo de “estrangulamiento a lazo” con una soga y “compresión manual” y que el deceso se produjo entre las 22 y la 1 de la madrugada.

En el auto secuestraron 15.200 pesos -la mitad del rescate-, una pistola calibre 9 milímetros, una cuchilla de 15 centímetros, precintos plásticos y un bidón de cinco de litros de nafta y fósforos que hacen presumir que la intención de los secuestradores era ir a descartar e incinerar el cadáver.

El juicio, que se inició el 12 de mayo último, continuará el 1° de diciembre con el alegato de una de las defensas. (Télam)