Una fiscal penal de Salta pidió que vayan a juicio tres policías acusados de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves en perjuicio de un hombre detenido cuando ingería bebidas alcohólicas en la vía pública, en la zona sudeste de la capital de esa provincia, tras lo cual lo golpearon y le provocaron la perforación del intestino.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron hoy que la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio para el suboficial mayor Marcos Andrés Singh, el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y el agente Darío Alejandro Delgado.

El requerimiento establece que el 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los efectivos patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial mayor Singh, por inmediaciones del barrio Boulogne Sur Mer, de la zona sudeste de la ciudad de Salta, cuando interceptaron a la víctima, quien estaba en la vereda y consumía bebidas alcohólicas.

Por ello, los efectivos lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron a la dependencia del Sector 6 A, en el barrio Democracia, donde se cree que lo golpearon brutalmente y le causaron lesiones graves.

Para la fiscal, esos actos constituyeron un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, debido a que la víctima estaba en estado de ebriedad y sus posibilidades de defensa estaban reducidas.

A raíz de los golpes, la víctima sufrió la perforación en el intestino delgado, cuadro por el que corrió riesgo de vida, según quedó plasmado en el informe médico realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Además, las lesiones resultaron compatibles con las manifestaciones del detenido golpeado y las de un testigo que estaba detenido el día del hecho, entre otros testimonios.

En sus fundamentos, Simesen de Bielke sostuvo que los imputados, en ejercicio de la función policial, propinaron golpes al denunciante, lo que resultó reprochable penalmente, ya que son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, indicó que, conforme surge del reglamento policial, el uso de la fuerza pública se encuentra regido por una serie principios, entre ellos la "racionalidad", por lo que debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación.

En este caso, la fiscal consideró que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención. (Télam)