Cuatro policías fueron citados a declarar como imputados en la causa en la que se investiga la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida en la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, el 5 de abril de 2020, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, informaron hoy fuentes judiciales.

El llamado a indagatoria fue formulado por el juez de Instrucción Penal del Departamento Junín, Jorge Pinto, quien dispuso que el 31 de mayo próximo se presenten a declarar Reynaldo Heraldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, acusados de aplicar severidades a un detenido siendo funcionario policial, incomunicación indebida del detenido, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

También para esa jornada el magistrado citó a las oficiales María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres, ambas acusadas de incumplimiento a los deberes propios del oficio y deberes de funcionarias públicas.

Por otra parte, el juez ordenó la realización de una pericia criminalística, a cargo de una junta conformada por especialistas del Departamento de Delitos Complejos, del Área de Análisis Criminal y de Criminalística de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El objetivo de la pericia es "llevar a cabo la reconstrucción fáctica de las últimas horas de vida de Morales, analizar las distintas hipótesis de su muerte y contrastarlas con las pruebas que obran en el expediente", aclararon fuentes judiciales.

Es que se sospecha que la muerte de Morales (39) pudo ser consecuencia de la violencia policial, tal como sostiene su familia, que reclama justicia desde hace más de un año.

Semanas atrás, el fiscal que investiga el hecho, Roberto Silvestre, imputó a cinco policías que estaban en la dependencia cuando ocurrió la muerte pero sólo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin endilgarles responsabilidad en el fallecimiento de la mujer.

Pero la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actúa como parte querellante en la causa, pidió que los efectivos sean investigados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales cometidos contra la mujer para determinar si la muerte fue un caso de violencia institucional.

Para el organismo nacional los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial, lo que le hicieron saber al juez del caso.

En un escrito, al que tuvo acceso Télam y que está firmado por Horacio Pietragalla Corti, como particular damnificado por la Secretaría de DDHH, se enumeran las prueba que constan en el expediente y que hacen presumir que se está ante un caso de violación de los derechos humanos.

"Morales fue ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que -según consta- no tenía en su poder", expresó entonces el organismo,

Tras ello, solicitó que se cite a indagatoria a los policías "por haber sido responsables de la privación ilegítima de la libertad de Florencia Magali Morales mediando abuso de autoridad; y por haberle propinado apremios ilegales".

La secretaría también solicitó la realización de la pericia que ahora el magistrado dispuso.

De acuerdo a la pesquisa, el 5 de abril de 2020, Morales fue interceptada por el subcomisario Clavero. quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer, hizo tras dejar su bicicleta en la calle, según registró una cámara de seguridad de la zona.

Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa y finalmente fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en la celda donde había sido recluida. (Télam)