La Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, confirmó hoy que son dos los imputados en la causa penal derivada del operativo por trata de personas en el que fueron liberadas ocho mujeres (seis de nacionalidad dominicana y dos argentinas), y que según la investigación eran explotadas sexualmente.

Fuentes judiciales revelaron a Télam que uno de los acusados fue hallado durante uno de los allanamientos ordenado por la jueza Mariel Borruto, mientras que del restante “se desconoce su paradero” y se ordenaron medidas tendientes a poder encontrarlo.

De todas maneras, "los sujetos no tienen orden de detención” y “todavía no serán indagados”, hasta tanto “no finalicen las medidas de prueba, como análisis de la documentación secuestrada y las pericias psicológicas a las víctimas”, completaron los voceros.

El operativo comenzó a partir de un llamado anónimo que daba cuenta que un grupo de mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en un domicilio privado de esa ciudad austral.

Luego de una investigación llevada a cabo en conjunto por la Fiscalía Federal de Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapaport, y por efectivos del Escuadrón 62 “Río Grande” de Gendarmería Nacional (GNA) fueron ordenados tres allanamientos simultáneos.

En uno de esos lugares, los efectivos de la fuerza de seguridad hallaron a las mujeres que se encontraban “en situación de vulnerabilidad” y que “fueron asistidas y contenidas por un equipo interdisciplinario dependiente de la Comisaría de Género y Familia de la ciudad de Río Grande”, explicaron las fuentes.

Además, se precisó que en los allanamientos fueron secuestrados “seis teléfonos celulares, ocho posnet, dos notebook, 500 dólares, 308.000 pesos, una tablet y documentación de interés para la causa”.

La investigación fue enmarcada judicialmente como una violación a la ley 26364 sobre “Prevención y Sanción de la Trata de Personas”.

Según los voceros judiciales, también se dictó una orden de prohibición de acercamiento de los acusados a las víctimas, con las que tampoco podrán tener ningún tipo de comunicación telefónica o virtual.

En el caso del imputado que se encuentra a derecho, no podrá salir de la provincia sin autorización hasta que se defina su situación en el expediente.

La jueza Borruto explicó a medios fueguinos que las declaraciones de las víctimas, a través del procedimiento de Cámara Gesell, permitirá “tener un mayor panorama sobre el alcance de la causa”.

“La sociedad cada vez se involucra más en estos casos, aunque aún está el temor de denunciar. Les pedimos que si no confían en las líneas locales, utilicen la línea específica 134. Es la manera de proteger a las mujeres que son víctimas de explotación”, sostuvo la magistrada. (Télam)