La violencia institucional que llevo a decenas de policias a la carcel y a masivas marchas de dolor

(Por Ernesto Zambrini).- Lucas González, en Ciudad de Buenos Aires; Luciano Olivera, en Miramar; Alejandro Martínez, en San Clemente del Tuyú; Maximiliano Heredia, en Santa Fe; Lautaro Rosé, en Corrientes; y Nahuel López, en Berazategui. Todos ellos, entre otros tantos,, fueron asesinados este año, pero sus nombres engrosan un nefasto listado de víctimas de la violencia institucional en distintas localidades del país, que llevaron a decenas de policías a prisión y a masivas marchas populares en reclamo de justicia.
Familias destruidas por balas policiales mostraron el dolor con velas encendidas, fotos de las víctimas, pancartas en cada una de las marchas y sus reclamos generaron reacciones de todo tipo, especialmente de organismos del Estado vinculados a los Derechos Humanos, que acudieron a acompañar los procesos judiciales. También fueron asistidas por organizaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las cuales denunciaron que los protocolos implementados por las fuerzas de seguridad no reciben ningún tipo de control.
El 2021 fue el año en el que finalmente el policía Luis Chocobar fue condenado por haber matado a un ladrón que escapaba tras apuñalar a un turista estadounidense en 2017, en el barrio porteño de La Boca. Y en el que tres policías de Misiones fueron condenados a prisión perpetua por haber torturado y matado a Hugo Miguel Wasyluk (28) en una comisaría de la localidad de Villa Bonita en abril de 2011.
Pero también fue el año en el que la justicia no logró avanzar en el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de Pedro Luro cuyo cadáver fue hallado en plena pandemia por el coronavirus en un estuario de la ciudad bonaerense d Bahía Blanca y lleva 594 días impune, a pesar de que la familia reclama insistentemente la detención de los policías que lo interceptaron e identificaron en la ruta.
Tras el caso de Lucas González, el futbolista de las inferiores de Barracas Central asesinado el 17 de noviembre por una brigada de la Policía de la Ciudad en Barracas, se registró otro hecho tan cruel como el anterior: el crimen de Luciano Olivera, un adolescente de 16 años asesinado por un efectivo bonaerense en Miramar porque no quiso detenerse en un control vehicular.
En circunstancias que aún son materia de investigación, uniformados se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, de la capital bonaerense, y, luego de bajar de la patrulla, uno de ellos le efectuó un disparo con su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros.
El oficial Maximiliano González quedó detenido e imputado por el delito de "homicidio agravado".
Tras el hecho, la CPM se constituyó en la causa para acompañar a la familia de la víctima e informó que "en lo que va de este año, con el crimen de Luciano, se registraron 101 casos de uso letal de la fuerza" en la provincia de Buenos Aires.
"Otro asesinato policial, otro caso de gatillo fácil en un contexto de emergencia de discursos de mano dura que legitiman y alientan este tipo de prácticas", criticaron desde ese organismo.
En tanto, Alejandro Martínez (35) murió en un presunto homicidio cometido en la comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú en la madrugada del 18 de noviembre, luego de que fuera aprehendido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau, donde se hospedaba.
La primera autopsia había determinado que falleció como consecuencia de una "asfixia mecánica" y también sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.
Mientras que la segunda autopsia, dispuesta por el fiscal Pablo Mascioli, a pedido de las defensas de los policías imputados y detenidos Paola Mansilla, Christian Rohr, Carla Abigail Cantarella, Evelyn Aldana Garófalo, Maximiliano Munche, José Carlos Pereyra, Miguel Boulos, Sandro Wilfredo Sandro y Laura Chiarullo, determinó que la víctima recibió golpes compatibles con patadas efectuadas con borceguíes y tonfas.
Todos ellos afrontan cargos por el delito de "homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido por miembros integrantes de una fuerza de seguridad, abusando de sus funciones o cargos".
En el caso de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que murió ahogado en aguas del río Paraná, a la altura de la capital de Corrientes, en medio de persecución policial el 8 de noviembre, sus familiares pidieron que sean detenidos los 11 policías imputados por abandono de persona seguido de muerte, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El cuerpo fue hallado el 11 de noviembre en las aguas, a la altura de los astilleros, y la autopsia determinó que murió por asfixia por sumersión.
Por su parte, cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la ciudad santafesina de San Lorenzo fueron detenidos por el homicidio de Maximiliano Heredia (32), fallecido a golpes tras ser arrestado, informaron fuentes judiciales.
La víctima murió entre la noche del jueves 1 de julio cuando fue detenido y la madrugada del viernes 2, al ser trasladado desde un hospital de San Lorenzo a otro de la localidad de Cañada de Gómez.
Además, otros dos policías bonaerenses fueron detenidos por el crimen a golpes en mayo de Germán López García (44), quien les reclamó por la demora en la llegada de una ambulancia para su esposa que se había descompensado, en la localidad de San Pedro.
Uno de esos efectivos ya estaba imputado en otra causa por un presunto caso de "gatillo fácil" de un joven de 26 años que había sido cometido en esa misma ciudad, en enero del año pasado, y de haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento.
En tanto, Nahuel López (22) fue asesinado en otro caso de "gatillo fácil" cometido el 2 de abril en Berazategui por el policía Sergio Mamonte que lo baleó en el estómago y en un principio dio la versión de que había salido a defender a un panadero de un robo, lo cual fue desacreditado por la fiscalía.
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) exigieron que se cumpla "la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio y eliminen todas las formas de detenciones arbitrarias".
La referente María del Carmen Verdú se refirió "a las prácticas normadas, como las detenciones por averiguación de antecedentes para identificar o los arrestos por contravenciones y las no normadas como las razzias o los operativos como los de Lucas o Luciano".
"Solo con esa medida, la mitad de las personas que murieron en un calabozo de una comisaría en los últimos 18 años estaría viva", afirmó.
Las críticas también surgieron sobre el accionar de las fuerzas de seguridad frente a situaciones en que las víctimas sufren alteraciones mentales o brotes psicóticos, tal cual ocurrió en el caso del músico "Chano".
El hecho ocurrió la noche del 25 de julio en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de la madre del músico, llegó un equipo médico con intenciones de internar al artista, quien estaba bajo una crisis vinculada al consumo de drogas.
Ante esta situación, de acuerdo con algunos testigos, Charpentier se violentó y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo a Facundo Amendolara, quien le disparó.
Producto del disparo recibido, el músico estuvo internado 18 días en el Sanatorio Otamendi, donde debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.
Para la CPM, se "muestra la ausencia de protocolos y estrategias de este tipo en los agentes policiales, prevaleciendo siempre la violencia como modo de abordaje de estas situaciones conflictivas".
Y 19 efectivos de la Policía de Santa Fe comenzaron este mes a ser sometidos a juicio por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, un joven de 20 años que en 2014 arribó a Rosario para visitar a sus familiares y días después de haber estado detenido en una comisaría de esa ciudad encontraron su cadáver en el río Paraná. (Télam)