Juzgan en Salta a los hermanos Castedo y a otros cinco imputados por asociacion ilicita y lavado

Los hermanos Delfín y Raúl Castedo, sindicados miembros de una de las mayores organizaciones narcocriminales del norte de Salta, los miembros de una familia de comerciantes de Salvador Mazza y un martillero público comenzaron a ser juzgados hoy por lavado de activos y asociación ilícita.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) Federal informaron que el debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 salteño y que, además de los hermanos Castedo, tiene en el banquillo de los acusados al la expareja de Delfin, Melba del Carmen Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi; y el martillero público Eduardo Torino.
Todos están imputados de integrar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen delictivo.
El tribunal está conformado por el juez Federico Santiago Díaz, como presidente, y los vocales Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaraz, mientras que la jueza María Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral Federal de Jujuy, lo hace en calidad de cuarta jueza.
El fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, en representación del Área de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, están a cargo de la acusación penal, al tiempo que la Unidad de Información Financiera participa del juicio en calidad de querellante, representada por las abogadas Emilia Figueroa y Sofía Karle.
Tal como estaba programado, el debate comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella.
En la sala de audiencia solo estuvo presente Araujo, mientras el resto de los acusados participaron por vía remota.
Los hermanos Castedo lo hicieron desde el penal de Ezeiza, y el resto desde sus respectivos domicilios, todos acompañados por sus defensores.
Una vez concluida la lectura de los requerimientos, Torino y Araujo pidieron prestar declaración.
De la requisitoria de elevación a juicio, elaborada por los fiscales José Luis Bruno y Eduardo Villalba, bajo la dirección de Diego Iglesias, titular de la Procunar, surge el rol de cada uno de los acusados dentro de una organización criminal que tenía como objetivo el tráfico de cocaína de Salta a Europa.
En ese marco, la fiscalía señaló a Delfín Castedo como “jefe” de una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo.
El MPF indicó que estas operaciones se sucedieron en las provincias de Salta y Buenos Aires, desde el 26 de noviembre de 1999 y tuvieron por finalidad la comisión de hechos de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.
Además, se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.
En esta línea, se determinó que Alberto Yudi, su hijo Mario Alberto y Luis Yudi, hermano del primero, integraron la asociación ilícita en calidad de miembros, siendo los principales directores Delfín Castedo, su hermano Raúl como mano derecha y el exdiputado provincial Ernesto Aparicio, fallecido el 10 de noviembre de 2013.
Los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, llegaron al juicio acusados de participar de las diversas actividades dirigidas por los Castedo, quienes de acuerdo a la acusación se ocupaban principalmente de las actividades de narcotráfico.
Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía sostuvo que ambos acusados fueron miembros funcionales de la organización y que tuvieron un rol particular en el lavado de activos de origen ilícito, razón por la cual se les imputó ese delito en concurso real.
Del requerimiento de juicio se desprende además que Torino, bajo las directivas del líder de la organización, realizó diversas gestiones y actos de administración en la finca El Aybal, en la frontera con Bolivia, tendientes a alambrar el campo y dotarlo de agua desde una finca vecina, propiedad de Aparicio.
La acusación fiscal sostuvo que Torino también ejecutaba órdenes de Delfín Castedo para impulsar y lograr el desalojo de los ocupantes de ese predio, procurándolo por vías legales e incluso de manera espuria, pues de las escuchas surgen cierto “aprietes” y menciones de un alto funcionario de la justicia provincial sobre el cual tenían influencia.
En la investigación se estableció que el martillero realizaba actos de apariencia legal, como la realización de demandas judiciales o denuncias, así como gestiones para contratar personal para hacer trabajos en el campo y otras vinculadas a las actividades agrícola-ganaderas.
Las de carácter ilegal versaban sobre pagos o sobornos a un funcionario policial, y en todos los casos, se indicó, el imputado lo hacía con conocimiento de las actividades ligadas al narcotráfico del resto de los acusados. (Télam)