Dos hombres serán sometidos a juicio oral en mayo próximo, por el encubrimiento y participación secundaria del crimen de Jimena Beatriz Salas, una mujer de 44 años que fue asesinada de más de 40 puñaladas en enero del 2017 en su casa de la localidad salteña de Vaqueros, informaron fuentes judiciales.

Según los investigadores, uno de los acusados es la expareja de la mujer asesinada, quien llegará acusado de encubrimiento, mientras que el otro es un hombre de 34 años que afrontará una acusación de partícipe secundario del homicidio, mientras la pesquisa sigue abocada a encontrar a los autores materiales del crimen que aún permanecen prófugos.

De acuerdo al expediente, Salas fue asesinada el 17 de enero del 2017 de más de 40 puñaladas presuntamente durante un robo en su casa de Vaqueros, donde además fueron encontradas sanas y salvas, encerradas en un baño, sus hijas mellizas de tres años.

Fuentes judiciales aseguraron que el juicio comenzará a las 8 de la mañana del próximo 3 de mayo y estará a cargo de la sala VII del Tribunal de Juicio, que dispuso que las audiencias se extiendan hasta el 21 de ese mismo mes.

De esta manera, Sergio Horacio Vargas (34) llegará a la audiencia imputado como partícipe secundario de "homicidio triplemente calificado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y por precio o promesa remuneratoria".

En tanto, Nicolás Federico Cajal Gauffín, que era la pareja de la víctima al momento de la muerte y quien halló el cuerpo, será juzgado por encubrimiento agravado del mismo delito.

Los voceros detallaron que el tribunal colegiado estará presidido por el juez Francisco Mascarello, mientras que los fiscales serán Ana Inés Salinas, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio.

En tanto, el abogado Luciano Romano será el defensor de Vargas y Pedro Arancibia defenderá a Cajal.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales relataron los hechos y sostuvieron que, a partir de los elementos obtenidos durante la investigación, la conducta desplegada por Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueron sustraídos por los autores del homicidio, en ocasión de ejecutar el hecho principal.

En tanto, consideraron que, como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación, se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración de Vargas, para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente.

Por otra parte, se pudo establecer que Cajal, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado una conducta criminalmente punible al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado, en función de intereses personales.

Para los fiscales, esto, más el transcurso del tiempo, impidieron la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación, como numerosos testimonios, informes policiales, médicos y de telefonía, entre otros.

Según la autopsia practicada al cuerpo, la víctima presentaba unas 40 puñaladas, registraba signos de defensa y se estableció que se utilizaron al menos dos armas blancas. (Télam)