El tiroteo que se produjo esta mañana en la localidad bonaerense de Azul entre policías de la Federal y la Bonaerense tiene como antecedente cercano otro enfrentamiento entre efectivos de las mismas fuerzas ocurrido en Avellaneda el 29 de marzo, el cual finalizó con un comisario muerto y dos oficiales gravemente heridos.
Todo comenzó el día anterior, cuando una mujer se presentó en la fiscalía a cargo de Soledad Garibaldi y denunció que supuestos policías le habían exigido dinero para no armarle una causa por drogas y la tuvieron 50 minutos esposada en un auto perteneciente a la fuerza.
La mujer pactó con los extorsionadores que la noche del día siguiente (viernes) iba a entregarles los 170.000 pesos restantes en una estación de servicio situada sobre el Acceso Sudeste y Madariaga, en cercanías del ingreso al centro comercial Parque Avellaneda Shopping.
Entonces, la fiscal organizó un operativo con la División Antidrogas Urbanas de la Policía Federal, se marcaron los billetes que se iban a entregar como coima y doce policías se distribuyeron en forma encubierta en la estación de servicio.
La mujer llegó al lugar y fue abordada aparentemente por el capitán Eduardo Franicevich, del gabinete antidroga de la DDI de Avellaneda, a quien le entregó el dinero.
En simultáneo, apareció un Toyota Etios blanco conducido por el comisario Hernán Martín que quiso embestir a uno de los policías federales y allí se produjo el primer tiroteo.
Los federales lo corrieron unos metros para intentar detenerlo, pero Martín abrió la puerta del vehículo y comenzó a disparar, por lo que se originó un enfrentamiento que culminó con el comisario muerto y dos policías federales heridos.
En la causa continúan con prisión preventiva el capitán Franicevich; el oficial principal Raúl Elías Hernández, jefe de operaciones de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús; y el teniente primero Claudio Saldivia, del Gabinete Antidrogas de esa seccional.
La fiscal les imputó “privación ilegal de la libertad agravada y extorsión”, pero la pesquisa avanza hacia una “asociación ilícita”.
Es que para los investigadores, los policías integraban una banda junto a civiles que denunciaban a narcos, quienes luego eran extorsionados para no abrirles causas y para que pudieran seguir comercializando estupefacientes. (Télam)