El juicio oral por el “Operativo Sapucay”, que en 2017 desbarató una banda dedicada al narcotráfico internacional y que operaba desde la ciudad correntina de Itatí, se reanudará el 2 de junio próximo con los alegatos de las defensas de los acusados, tras los pedidos de condenas de hasta 18 años de prisión por parte de la fiscalía, informaron hoy fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 reanudará las audiencias a través de la plataforma virtual Zoom con el alegato del abogado Jorge Barboza, quien defiende a cinco de los imputados.

Según las fuentes, luego de cuatro jornadas, la fiscalía pidió condenas de entre tres años y tres meses de prisión y 18 años para los doce acusados de haber sido parte de la asociación ilícita dedicada al tráfico de droga en Itatí.

La pena más alta se pidió para Carlos "Cachito" Bareiro, sindicado líder de la "estructura criminal".

En el juicio intervienen el fiscal ante el TOF 3, Juan Patricio García Elorrio; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y Martín Uriona como auxiliar de éste.

Los fiscales pidieron 9 años y 6 meses de prisión para el excomisario de la Policía de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga; 9 para los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López; 8 y medio para Ezequiel Saucedo y Jorge Espinosa; y 8 para Alejandro Gayoso y Melanio Mareco Vargas.

A su vez reclamaron 7 años y 6 meses de prisión para Edgardo Javier Coria; 7 para Carlos Luis Romero; 4 y medio para Angélica Viviana Saucedo; y 4 años y tres meses para Silvina Soledad Ayala.

En la causa llegó a haber 36 imputados, pero en septiembre de 2019, varios de ellos pactaron penas en juicio abreviado y no llegaron a la etapa de juicio oral, entre ellos el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; quien acordó 3 años y 3 meses de cárcel y así recuperó la libertad.

En su alegato, la fiscalía acusó por “asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio,- en calidad de coautores agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”.

La organización operó desde mayo de 2014 a marzo de 2017, cuando fue desmantelada por el entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Torres investigaba la venta de marihuana en un asentamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rastreó la cadena del tráfico hasta Itatí.

“La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que los aquí imputados, al menos desde el mes de mayo del 2014 hasta el mes de marzo del 2017, formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales que se valió de distintas técnicas y procedimientos para llevar adelante el tráfico ilícito de estupefacientes, especialmente marihuana”, se sostuvo en el alegato fiscal.

De acuerdo a los investigadores, la droga era introducida al país por vía fluvial desde Paraguay hacia Itatí y desde allí se distribuía a distintos puntos de la Argentina.

“Está probado que se valieron de personas menores de edad y de funcionarios públicos, algunos de ellos, de fuerzas de seguridad de federales y provinciales”, concluyó la fiscalía.

(Télam)