Cuatro médicos forenses y autoridades de la Superintendencia de Policía Científica que fueron convocados por los fiscales de Vicente López que investigan el caso aclararon que las muertes de José Enrique Del Río y su esposa María Mercedes Alonso se produjeron "en un lapso hasta 36 horas" antes de las autopsias, modificando así una primera estimación de la data de muerte que dejaba fuera de la escena al hijo de las víctimas detenido por el caso.

La nueva conclusión de la data de muerte surge de un "acta" incorporada a la causa por los fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería, quienes para precisar el horario del crimen convocaron a declarar al médico forense que hizo la autopsia, Martín Adrián Fernández; al jefe de la Delegación San Isidro de Policía Científica, comisario mayor Gerardo Vergara; y a las máximas autoridades en Medicina Legal de la Superintendencia de Policía Científica, el director Carlos Mauricio Cassinelli y el subdirector Javier Daniel Grubisa.

El problema con la data de muerte surgió porque en los protocolos de autopsia el forense Fernández había informado que las muertes de los Del Río se habían producido entre 12 y 18 horas antes del examen en la morgue, lo que daba que a la mujer la mataron entre las 23.30 del 24 de agosto y las 5.30 del día siguiente, y al hombre, entre la 1 y las 7 del 25 de agosto, es decir probablemente durante la madrugada del día del hallazgo de los cadáveres.

Pero los fiscales acusaron a Del Río de haber cometido un presunto doble parricidio entre las 17.32 y las 18.30 del 24 de agosto a partir del análisis de los horarios que hicieron de las comunicaciones del imputado y de los videos del hombre encapuchado que, para la acusación, es Del Río, y quedó filmado llegando y saliendo de la escena del crimen en esos horarios.

En el acta –a la que tuvo acceso Télam-, los cuatro peritos y forenses firmantes afirman en primer lugar que la "medicina legal no es matemática, no es una ciencia exacta" y que para hacer un diagnóstico como este hay "diferentes variables" y que "las fórmulas que se aplican son de carácter orientativo".

Tras afirmar que tomaron en cuenta la temperatura de los cadáveres, la ausencia de los primeros signos de putrefacción y que la rigidez cadavérica estaba completa, los peritos sostienen en el acta que ambos decesos se produjeron en un lapso de "hasta 36 horas contando a partir de la operación de autopsia siendo la de Alonso 17.30 y la de Del Río a las 19", lo que retrasó el primer horario del crimen, estimado en las autopsias, a una franja horaria que incluye la tarde del día 24 de agosto, que es el momento en el que los fiscales le imputan a Del Río hijo la comisión del supuesto parricidio.

La abogada del acusado, Mónica Chirivin, mencionó esta divergencia en cuanto a la data de muerte establecida en la autopista como punto central de un planteo que hizo para pedir el cese de la detención de su cliente.

En ese sentido, criticó a los fiscales por intentar con este "acta" de cuatro forenses modificar el cronotodiagóstico a los fines de comprometer a su cliente.

"Es evidente que la fiscalía se desespera frente al inminente pedido de esta defensa y conociendo el resultado de la operación de autopsia buscó desacreditar sus conclusiones trayendo a altas jerarquías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que desdigan al perito actuante, a quien también lo hacen comparecer y obviamente por su jerarquía menor no va a contradecir a sus superiores", sostuvo la abogada.

Y cuestionó que dicha acta no identifica qué opina cada uno de los convocados y que la defensa no fue convocada a participar con un perito de parte.

"Todo este proceder ilegal lamentablemente pone en dudas el accionar de la fiscalía, que busca inculpar a Martín Santiago del Río de cualquier manera y forma", denunció la abogada en su presentación ante el juez de Garantías.

La controversia en torno a la data de muerte de este caso hace recordar a lo sucedido en el homicidio de Solange Grabenheimer, ocurrido también en el partido bonaerense de Vicente López, pero en 2007, en un resonante caso policial que este año, al pasar 15 años y prescribir la causa, quedó impune.

El médico forense que revisó el cadáver de Solange en la escena del hecho afirmaba que el crimen había ocurrido entre la 1 y las 7 horas del día 10 de enero de 2007, lo que dejaba dentro de la escena a la amiga Lucila Frend, que con ese dato fue imputada, pero otros peritos opinaron que el crimen ocurrió unas horas más tarde, lo que la dejaba fuera de la escena.

En el juicio, el Tribunal Oral 2 de San Isidro cuestionó la labor de los peritos, especialmente al tomar en cuenta que el forense de la escena no tomó la temperatura cadavérica porque no tenía termómetro y que la muestra del humor vítreo –líquido intraocular que se analiza para estimar con sus valores de potasio la data de muerte-, se había contaminado y no sirvió para el estudio.

En ese debate oral realizado en 2011, Frend fue juzgada y terminó absuelta, en un fallo que la consideró inocente y cuestionó la labor de la fiscalía. (Télam)