La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de 10 personas por "intermediación financiera no autorizada", al descubrirse el presunto funcionamiento de una "cueva" en una empresa de turismo cuyo dueño fue asesinado y de la que desaparecieron millones de pesos y dólares luego del crimen.

El fallo de los magistrados Fernando Barbará y Aníbal Pineda, de la Sala A de la Cámara rosarina, confirmó el procesamiento dictado en abril por el juez federal Marcelo Bailaque, por lo que los acusados irán a juicio oral, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa se inició el 1 de junio de 2020 con una denuncia del entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, por la desaparición del local de Turismo Oldani –un comercio ubicado en una galería de capital de la provincia- de un monto de dinero estimado en 3,3 millones de pesos y 1,1 millón de dólares.

En el comercio, situado en Rioja 2441, había sido asesinado el 11 de febrero de ese año su titular, Hugo Ernesto Oldani, y en los registros fotográficos y fílmicos de la Policía quedó documentada la existencia de una caja fuerte con dinero en efectivo.

Según la denuncia, el hallazgo de ese dinero –que la División Scopometría de la Policía Federal estimó en 3,1 millones de pesos y 1,1 millones de dólares- "no se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial", en este caso un operador minorista de turismo.

Una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que realizó la pesquisa del crimen, determinó que unos días después ingresó al local por la noche la hija de la víctima, Virginia Oldani, su pareja José Luis Hernández y otras personas de identidad desconocida.

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El informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, indicó que "Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso".

Ante la desaparición del dinero y la modificación de la escena del crimen, Sain realizó la denuncia que derivó en una investigación federal, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, por el presunto funcionamiento de una "cueva".

En abril pasado, el juez Bailaque procesó a Virginia Oldani; la secretaria del comercio, María José Calle; y otras ocho personas por el delito de intermediación financiera no autorizada.

A las dos mujeres las consideró, a instancias de la investigación del fiscal, "brazos ejecutores de las maniobras delictivas", señala la resolución que fue confirmada por la Cámara.

Para Rodríguez, "se comprobó" que al menos desde 2018 y hasta el 11 de febrero de 2020 -fecha del crimen- el fallecido "desplegó distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas a los agentes autorizados del sistema financiero, junto al grupo de personas imputadas, quienes tampoco se encontraban habilitadas para realizarlas".

La mayor parte de la prueba se obtuvo del teléfono celular del asesinado Hugo Oldani, que fue encontrado en la escena del crimen.

Según el juez Bailaque, esas maniobras se dividían en cuatro actividades: colocar dinero a cambio de un interés con posibilidad de renovación; cambio de cheques con descuentos; colocación de recursos financieros para préstamos inmediatos, para préstamos garantizados contra la entrega de cheques y para préstamos en dólares con devolución en cuotas mensuales; y el ingreso o egreso de divisas al país "a cambio de una comisión de servicio calculada sobre el monto de la operación". (Télam)