Dos hombres fueron condenados hoy a penas de hasta cinco años y medio de prisión por haber cometido una serie de estafas e intentado extorsionar a personas que participaban de remates judiciales, desde 2013 hasta el 2018, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y otras localidades del sur provincial, en la causa denominada "La Liga", informaron fuentes judiciales.

El Tribunal en lo Criminal (TOC) 3 bahiense, integrado por los jueces Julián Francisco Saldías, Daniela Fabiana Castaño y Eduardo Alfredo D´ Empaire, fijaron una pena de 4 años y 6 meses para Emanuel García; y de 5 años y 6 meses a Claudio Oscar Del Valle.

"García fue condenado como coautor del delito de asociación ilícita, coautor del delito de coacción y estafa procesal; y como coautor del delito de estorbo o impedimento de un acto funcional y tentativa de estafa procesal", indicó un vocero judicial

"En tanto que Del Valle como coautor del delito de asociación ilícita, coautor del delito de extorsión y coautor del delito de estrobo o impedimento de un acto funcional y tentativa de estafa procesal", agregó.

Según la fuente, los jueces impusieron una multa de 90.000 pesos a cada uno, por encontrarse configurado el ánimo de lucro.

Durante los alegatos llevados a cabo la semana pasada, el fiscal Gustavo Zorzano había pedido 6 años de prisión para García y 6 años y 6 meses para Del Valle, a quienes consideró autores de los delitos de "asociación ilícita agravada por considerarlo jefe u organizador, coacción, estafa procesal y extorsión".

Por su parte, la defensa de García solicitó su absolución y, subsidiariamente, que se le impongan tres años de prisión de ejecución condicional; mientras que el abogado defensor de Del Valle pidió también la absolución de su defendido.

La causa comenzó a ser investigada en 2015 por el exfiscal Sebastián Foglia, quien ahora se desempeña en el fuero federal, por lo que en el debate lo reemplazó Zorzano.

Según la investigación la denominada "La Liga", esta banda "operaba en forma sincronizada y coordinada donde montaba distintas maniobras con el propósito principal mancomunado por todos y cada uno de sus miembros de consolidar una suerte de monopolio de los remates judiciales a través de conductas fraudulentas y/o violentas, impidiendo la concurrencia libre de los terceros a las subastas judiciales, fijando precios, entre otros". (Télam)