Una mujer comenzará a ser juzgada mañana por el crimen de su expareja, quien fue asesinado a puñaladas en noviembre del 2021 en la ciudad de Ushuaia, y si bien llega acusada de un delito que prevé una pena de prisión perpetua, su defensa advirtió que se trató de un caso de "legítima defensa" ya que atravesaba una situación de violencia de género.

El juicio por el crimen de Alejandro Ramón Báez (26) estará a cargo del Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, y la acusada, Gina Eliana Cárdenas (25), llegará al debate oral bajo prisión domiciliaria y afrontará una acusación de "homicidio agravado por el vínculo", que estipula una pena de prisión perpetua.

"Gina se defendió de su agresor, que la agredía no sólo ese día sino días anteriores. Hay testigos que dan cuenta de ello", aseguró a Télam la abogada Indiana Guereño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, entidad que acompañará en el juicio a Cárdenas.

"Se está pasando por alto que Gina se defendió legítimamente, que era su vida y la de su beba o la vida de él", aseguró Guereño respecto al hecho que ocurrió el 13 de noviembre de 2021 en una casa de la ciudad de Ushuaia.

Según Guereño, Cárdenas se encontraba "encerrada en la habitación y él (su ex pareja) no la dejaba salir", hasta que "en un momento él se va a buscar el cuchillo, le insiste que le abra la puerta y ella abre por pedido de la dueña del lugar (donde residían). Él ingresa con el cuchillo y ahí es donde se produce el hecho".

"Lo que hay que entender acá es que un hecho así, de un hombre y una mujer en ese estado, es decir, un hombre que había ejercido violencia durante toda la relación, que la tenía encerrada y amenazada y ella embarazada, ese hecho está contemplado en la ley y es la legítima defensa", aseveró la letrada.

"La perspectiva de género es una obligación constitucional y cuando decimos que tiene que ser juzgada con esta perspectiva es para que le pongan a este hecho el único título que le cabe, que es legítima defensa", dijo Guereño, quien reclamó "que se cumpla la ley".

En el juicio, Cárdenas estará representada por los defensores oficiales Gustavo Ariznabarreta y José María Fernández López, y el fiscal será Eduardo Urquiza, quien ya planteó "la posibilidad que exista un cambio en la calificación del delito, ante la eventualidad que se exponga que la homicida era víctima de violencia de género y que actuó en legítima defensa".

"Cuando se habla de la violencia contra las mujeres, necesariamente tenés que extralimitarte al hecho y agregar elementos que están lejos de ello. En la fiscalía no hace mucho hemos desincriminado varios hechos en los que hay mujeres imputadas", expresó Urquiza al medio local Reporte Austral.

Y agregó: "La Fiscalía no quiere promover el castigo a una mujer porque sí. Hay elementos para hacer un juicio por eso pedí la elevación. Qué es lo que va a suceder eso se verá".

Por su parte, Lucía de la Vega, coordinadora de la clínica jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó que "desde la fiscalía se dijo que (Gina) no hizo la denuncia (por violencia de género)".

"La verdad es que tenía pocas alternativas. Estaba en un contexto de mucha dificultad y tanto ella como su pareja tenían situaciones de mucho conflicto con la ley penal. Ir a acudir a la policía en ese contexto es muy difícil", explicó a Télam.

"Sabemos que es difícil hacer la denuncia y más en estos contextos, donde si no hay otros dispositivos para acompañar a veces genera más riesgos. Exigir la denuncia en estos casos es exigir actos heroicos, es no entender los contextos de fondo", sostuvo De la Vega, y apuntó que el proceso judicial está "cargado de estereotipos de género".

Cárdenas fue detenida el mismo día del hecho, en noviembre pasado, y llevada a la cárcel con un embarazo en curso, aún cuando la ley contempla la posibilidad de beneficiarla con un arresto domiciliario, al que recién accedió cuando cumplía la semana 39 de gestación.

El CELS y la Asociación Pensamiento Penal se presentarán como amicus curiae en el juicio, con la intención de "acompañar estándares de derechos internacional para dar un tratamiento igualitario de poder judicial". (Télam)