Un fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para que revisen las absoluciones dispuestas en mayo pasado en un juicio a expolicías federales acusados de integrar una asociación ilícita que en 2016 cobraba sumas de dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez, Saavedra y Coghlan, informaron fuentes judiciales.

"El tribunal valoró inconsistentemente el plexo probatorio, apreció como indicios prueba en sentido estricto, la relativizó y parcializó irracionalmente", sostuvo el fiscal Fernando Fiszer en su apelación en la que solicitó que se dicte un nuevo fallo que condene a los imputados en línea con lo que él había solicitado en su alegato.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 16 del 13 de mayo último condenó sólo a cuatro de los once policías que habían llegado como imputados al juicio.

El principal condenado fue el exjefe de la comisaría 35ta. de la por entonces Policía Federal Argentina (hoy seccional de la Policía de la Ciudad), Norberto Villarreal, quien recibió una pena de cinco años y seis meses por liderar una asociación ilícita que se encargaba de recaudar dinero de forma ilegal.

A su vez, resultó absuelta Susana Aveni, por entonces jefa de la Circunscripción VII de la PFA, para quien el fiscal Fiszer había solicitado en su alegato la misma pena que para Villarreal, el único de los policías que llegó preso al debate.

Para Fiszer, la sentencia "no permite conocer el razonamiento desarrollado por el tribunal de juicio para concluir del modo que lo hizo", y consideró que el juez Gustavo González Ferrari y las juezas Inés Cantisani y Claudia Moscato realizaron "una enumeración de las pruebas producidas en el debate" pero que no explicaron cómo esas pruebas "pueden resistir la acusación" que formuló la fiscalía.

"El Tribunal sólo consideró la existencia de la recaudación ilícita bajo la modalidad de policía adicional simulada o falsa creencia de que abonaban policía adicional, cuando hemos podido probar categóricamente, y en base a prueba sólida y concluyente, las distintas modalidades para justificar la abusiva solicitud a los particulares, que la sentencia desechó arbitrariamente, al no valorar íntegramente las pruebas colectadas en la causa y apartarse sin razón de otras que son centrales para la acusación, quitándoles valor o simplemente negándoles relevancia", explicó Fiszer.

En otro tramo de la apelación, el fiscal sostuvo que el tribunal realizó una valoración "sesgada" al respecto del cuaderno secuestrado en el despacho de Villarreal, en el que se encontraron "anotaciones, referencias, que dan cuenta de la asignación direccionada de efectivos policiales en puntos clave de la jurisdicción, que guardan directa relación con las zonas en las que se emplazaban los locales que efectuaban aportes a la dependencia policial".

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación a través de su página web (www.fiscales.gov.ar), los jueces denominaron a este elemento como un "simple manuscrito", pero para Fiszer la información que surge de allí es "clara, precisa y contundente".

"La información que surge del cuaderno de Villarreal pudo ser confrontada y corroborada por otros medios de prueba", afirmó el fiscal.

En esta causa también estuvo imputado José Potocar, el primer jefe que tuvo la Policía de la Ciudad, creada en enero de 2017; sin embargo, en su alegato, el fiscal pidió su absolución como también del entonces comisario Guillermo Calviño.

Fiszer pidió penas de entre tres años y medio y seis años de prisión para los otros ocho imputados, incluidos Aveni y Villarreal.

Los jueces condenaron, además de Villarreal, a los policías Alberto Quiroga Marciano, Sergio Gabriel Ríos y Alejandro Malfetano a 3 años y 4 meses de prisión como integrantes de la "asociación ilícita y la concusión de funcionario público".

Sin embargo, absolvieron a Aveni, a los exsubcomisarios Marcelo Stefanetti y José Codaro; y a los efectivos Adrián Paul Otero y Hernán Antonio Kovacevich.

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en 2016 en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villarreal en enero de ese año, cuando dicha dependencia aún dependía de la PFA.

Tras la denuncia, se abrió una causa penal que llevó adelante el fiscal de Distrito Núñez-Saavedra, José María Campagnoli.

Luego, se allanó la comisaría, donde se encontró un cuaderno en el que supuestamente estaban registrados los pagos y se mencionaba a la DCG (Dirección General de Comisarías) y a la SSM (Superintendencia de Seguridad Metropolitana), por donde pasó Potocar, como reparticiones receptoras de los pagos.

Además, en los comercios afectados se hallaron comprobantes de aportes a la "Asociación Amigos de la Comisaría 35", que habría sido una de las formas de canalizar las coimas, entre otras pruebas.

Sin embargo, durante la instrucción del caso, la Cámara del Crimen sostuvo en uno de sus fallos que el cuaderno "si bien tiene alto valor indiciario, no resulta concluyente a la hora de decidir un auto de procesamiento con prisión preventiva por la figura escogida".

También se cuestionó a Campagnoli porque no le había tomado declaración a los dueños de los locales supuestamente afectados ni había efectuado otras medidas.

Por su parte, todos los imputados estuvieron presos durante algún tiempo y posteriormente fueron logrando la excarcelación, excepto Villarreal. (Télam)