A 35 años de la "Masacre de Ingeniero Budge", el primer caso de "gatillo fácil" desde el regreso de la democracia en 1983 que fue denunciado públicamente por la sociedad civil y en el que policías bonaerenses acribillaron a balazos a tres jóvenes, se realizarán mañana marchas y actos en memoria de las víctimas.

Desde 2013, y a través de la Ley 26.811, se declaró el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional" con el objetivo de recordar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Los homenajes comenzarán este domingo desde las 10 con actividades artísticas en la esquina de Figueredo y Guaminí, en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano.

Según informó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en su cuenta de la red social Twitter, a las 14 habrá una marcha desde Presidente Perón (ex Camino Negro) y Recondo; y a las 15.30 un acto central y festival.

"Señalización a 35 años de la Masacre de Ingeniero Budge", indicó el afiche difundido por las redes sociales oficiales y firmados distintas áreas del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Lomas de Zamora y la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV).

Por su parte, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que fue querellante en la causa penal, marchará desde las 14 en la esquina donde se cometió la masacre junto a familiares, amigos y vecinos.

Y en esta movilización estarán presentes de la CAV bajo el lema "el barrio no los olvida".

"Fue el primer caso de ´gatillo fácil` en el que la organización barrial, de las familias y los vecinos instaló en la calle la denuncia pública y los medios de comunicación de la época tuvieron que reflejarlo", dijo a Télam la abogada de la organización, María del Carmen Verdú.

El 8 de mayo de 1987, alrededor de las 19, Oscar Aredes (19), Roberto "Willy" Argañaraz (24) y Agustín Olivera (26) conversaban y bebían cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, de Ingeniero Budge, cuando fueron asesinados a balazos por tres policías bonaerenses.

Supuestamente, Olivera y Argañaraz habían tenido un inconveniente menor con la dueña de la despensa en la que compraron la cerveza, por lo que los efectivos habrían concurrido al lugar alertados por la denuncia de la mujer.

A raíz de lo ocurrido acusaron al suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, al cabo primero Juan Alberto Miño y al cabo Isidro Rito Romero, quienes argumentaron que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas estaban armadas.

Según la Correpi, los policías "plantaron" armas en la escena del crimen para tratar de sostener su versión de los hechos.

En tanto, los médicos forenses determinaron que Olivera presentaba 12 heridas de bala y Aredes 7, en su mayoría por la espalda en ambos casos, mientras Argañaraz tenía al menos 3 impactos en la cabeza efectuados a corta distancia.

"Willy estaba vivo cuando lo subieron a la patrulla, solo con heridas de la cintura para abajo, es decir que lo remataron luego", recordó Verdú.

Ante esta situación, el barrio donde residían los jóvenes se movilizó inmediatamente en las calles en reclamo de justicia y contra la represión policial, un tipo de protesta poco habitual en aquellos primeros años del retorno de la Democracia y que, a su vez, se enmarcaba en un ambiente aun convulsionado por levantamiento militar "carapintada" de la Semana Santa de 1987, que desde Campo de Mayo mantuvo en vilo a todo el país.

A partir de esas movilizaciones se organizó la CAV, que no solo denunció lo ocurrido como un caso de "gatillo fácil", sino también las amenazas posteriores contras los testigos que contradecían la hipótesis inicial de la Policía.

"La movilización rompió el muro de silencio de los medios de comunicación como unos años después lo haría el caso de Walter Bulacio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", resaltó Verdú en referencia al caso de adolescente que murió en 1991 luego de haber sido torturado por policías federales que lo detuvieron ilegalmente a la salida de un recital de la mítica banda de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en el estadio de ex Obras Sanitarias de Núñez.

Respecto a lo ocurrido en Ingeniero Budge, en mayo de 1990 se llevó a cabo un primer juicio oral en el que Balmaceda y Miño fueron condenados a 5 años de cárcel por "homicidio en riña", y Romero a 12 por "homicidio simple".

Pero ese fallo fue anulado luego por la Suprema Corte de Justicia provincial que dio por probado que existió una manipulación de las pruebas y ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó en junio de 1994.

En ese segundo debate los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple, pero no quedaron detenidos hasta que el fallo quedó firme.

Esa confirmación de la sentencia se produjo en 1998, cuando se ordenó la detención de los tres condenados, pero estos se fugaron antes de ser capturados.

Recién en 1999 Romero fue capturado y, finalmente, en 2006 cayeron Miño y Balmaceda; y así comenzaron a purgar de manera efectiva con su condena, la cual ya se les dio por cumplida.

"A los querellantes no nos notifican cuando los condenados salen de prisión. Es más, se corrió el rumor de que Balmaceda, que hoy tendría unos noventa años, murió en prisión, pero nunca lo pudimos confirmar", añadió la abogada de Correpi. (Télam)