Del Caño pidió afectar “a los que realmente ganaron, bancos, petroleras; no a los jubilados”

Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, lanzó duras críticas contra el Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández por la composición de la ley de emergencia aprobada en el Congreso.

En torno a esto, señaló que durante el mandato de Mauricio Macri “todos los indicadores se han deteriorado. Ha crecido la desocupación, por supuesto, con los planes que se llevaron adelante. Entonces mi primera consulta es por qué si hablamos de emergencia no se planteó la prohibición de despidos”.

“El ministro de Economía Martín Guzmán dijo en un momento que como estaba pautada la movilidad actual, el aumento a los jubilados generaba inflación. Yo pensé que en realidad el aumento a los jubilados, a los trabajadores, no era lo que generaba inflación, sino que los grandes formadores de precios son los que generan la inflación y los que nos han saqueado a todo el pueblo trabajador fuertemente en estos cuatro años”, añadió.

“Entonces nosotros no estamos para nada de acuerdo. Sí creemos, y es un proyecto que tenemos presentado en Diputados, que las contribuciones patronales deberían restituirse al 33 % como estaban en los años 90, cuando Cavallo las redujo. En este proyecto se establecen, sacando los $ 7.000 que no son alcanzados, las contribuciones patronales son del 16 %, es decir la mitad, más impuestos a la renta financiera, podríamos acercarnos al 82 % móvil para todos los jubilados, porque el jubilado que trabajó toda la vida, ¿por qué si cobra $ 22.000 es un privilegiado?”, subrayó.

En este sentido, el legislador dejó en claro que “a los que realmente ganaron es a lo que hay que afectar. Pero las petroleras van a ver reducidas las retenciones. Entonces estamos hablando de las grandes petroleras que se beneficiaron brutalmente, que nos mataron con las tarifas o las privatizadas simplemente se plantea este congelamiento que cristaliza el robo directo a las familias, que hoy tienen que destinar según algunos cálculos alrededor el 29 % de sus ingresos a pagar los servicios, otros calculan que es el 25 %”.

“Nuestro planteo de fondo es que las empresas de servicios públicos privatizadas tienen que ser nacionalizadas”, añadió. Además, Del Caño explicó que “tampoco hay ningún anuncio alrededor de las cooperativas de trabajadoras y trabajadores, que son quienes también se han visto afectados por estas políticas. Porque ellos, recordemos, muchos vienen desde la crisis del 2002 sosteniendo la fuente de trabajo, otros como el caso de la ex Donnelley, actual MadyGraf, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, Zanon en Neuquén que viene del 2001/2002”.

“Esos trabajadores han sufrido los tarifazos, el hostigamiento permanente del Estado, cómo se va a atender esa situación de emergencia para esas trabajadoras y trabajadores que son un ejemplo. Porque mientras las patronales abandonaban las fábricas, esos trabajadores las pusieron a producir sin ningún tipo de apoyo estatal y creo que es muy importante tener una política inmediata para que esos trabajadores puedan salir adelante”, destacó.

En otro orden, el diputado habló sobre “la situación grave de la provincia de Mendoza, donde se quiere tirar abajo la ley 7722 a través de la cual se impide el uso de sustancias tóxicas en la minería como el cianuro o el ácido sulfúrico. Esta es una política de saqueo y contaminación. En Mendoza el agua es un recurso escaso. Ya tenemos la experiencia de San Juan donde la Barrick Gold ha contaminado los ríos de esa provincia”.

“Esto no sucede solo en la provincia de Mendoza, sino que también ocurre en la provincia de Chubut. Es gravísimo el pacto entre el gobernador Rodolfo Suárez de la UCR y el presidente Alberto Fernández, que lo hemos escuchado hablar somo si la ley ya se hubiera votado para avanzar con la minería. Eso implica pasar por arriba de la ley 7722 que se conquistó con la movilización popular”, agregó.

“Como millones de jóvenes en todo el mundo que se movilizan en defensa del medio ambiente, estoy con el pueblo de Mendoza, que reclama y defiende la ley 7722. Exigimos que no se avance con este atropello que va a afectar al agua de toda la provincia de Mendoza”, completó.