El plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados recibirá el próximo jueves 27 de mayo a representantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura en el marco del debate del proyecto integral contra la violencia institucional.

En la reunión, prevista para las 15, también expondrán funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación, quienes informarán sobre las políticas implementadas relativas a la prevención de la violencia institucional y sobre las propuestas legislativas para lugares de detención y de ejecución de las penas.

También se referirán a estas cuestiones los integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que se encarga del monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro y que actúa como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El proyecto integral contra la violencia institucional que se debate apunta a "prevenir y erradicar" los actos realizados por las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios que suelen clasificarse de ese modo, como episodios de gatillo fácil, malos tratos, golpizas o de aplicación de tormentos.

Esta iniciativa ya había sido abordada y debatida en un par de reuniones previas del plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, que preside el diputado Hugo Yasky (Frente de Todos-Buenos Aires) y de Legislación Penal, encabezada por la diputada Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos).

El proyecto, que tiene como objetivo la erradicación de la violencia institucional, fue presentado en diciembre por los legisladores del oficialismo Yasky, Paula Penacca (FdT-CABA) y Leonardo Grosso (FdT-Buenos Aires).

El texto establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".

Asimismo, el proyecto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad.

También estipula principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales, cumpliendo con los estándares internacionales. (Télam)