La abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, propuso "sacar el arma reglamentaria" a las fuerzas policiales cuando están "de civil" a fin de "bajar muy notoriamente la letalidad" en el accionar de los efectivos.

"Más de la mitad de las muertes por gatillo fácil se producen cuando el funcionario policial se encuentra de civil. Si sacamos el arma reglamentaria cuando no están cumpliendo sus tareas, no pueden intervenir por la vía violenta y reducimos las muertes a la mitad", señaló Verdú en diálogo con la emisora FM La Patriada.

Las declaraciones de la letrada se producen en medio de las repercusiones del caso de Lucas González, el joven de 17 años asesinado la semana pasada en el contexto de un operativo irregular realizado en el barrio de Barracas por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaban de civil y se desplazaban en un vehículo sin identificación.

"La represión policial y la función que ejerce el aparato estatal no va a cambiarse con una ley o un decreto. Tiene que ver con una cuestión sistémica de las fuerzas de seguridad. Hay un montón de medidas concretas que podrían bajar muy notoriamente la letalidad de los policías cuando están en las calles y como civiles", apuntó.

Por otro lado, Verdú se refirió a la quinta Marcha de la Gorra, efectuada ayer en el centro porteño y destacó como "inédito" que la participación de "muchas organizaciones y la amplia cobertura que hicieron los medios de comunicación".

La abogada consideró que la amplia presencia de organizaciones fue "resultado de una semana con cuatro hechos que evidenciaron el cuestionamiento sobre los policías".

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"Primero tuvimos la desaparición y muerte de Lautaro Rosé; luego el fusilamiento por gatillo fácil de Lucas González. Después sufrimos la muerte y tortura de una comisaría en Mar del Tuyú de Antonio Martínez y por último la represión a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero (Río Negro), donde asesinaron a Elías Garay, un joven de 29 años e integrante de esa comunidad".

En la misma línea, la letrada afirmó que el asesinato de Lucas González, jugador de las Inferiores del club Barracas Central, "tuvo una explosión mediática completamente novedosa" por la relación que la víctima tenía con el deporte.

"Fue un caso que puso en forma muy evidente en los medios de comunicación, que habitualmente no acompañan la lucha antirrepresiva, todo el cuestionamiento que existe sobre los policías de civil que portan armas reglamentarias. Recordemos que en un principio, los partes policiales hablaban en el Caso Lucas de un enfrentamiento, cuando en realidad lo se trató de un fusilamiento", remarcó.

Y en ese sentido, apuntó. "La mediatización puede servir porque si no se modifica la percepción social de estos hechos, que está permanentemente manipulada y cooptada por los discursos de estigmatización, de odio y de punitivismo, es muy difícil que se logren los cambios normativos que son necesarios".

Asimismo, la abogada señaló que los "discursos de odio y mano dura" en los medios de comunicación son "determinantes" porque "condicionan la percepción social" y llamó a los trabajadores de prensa a "revisar cómo se abordan los casos".

"En el caso de Lucas el parte policial se tomó de forma acrítica para construir la noticia. Los jueces y fiscales hicieron lo mismo. Se avaló a libro cerrado la versión de los efectivos y se imputó a las víctimas sobrevivientes", ejemplificó.

Al concluir, Verdú adelantó que el próximo 17 de diciembre se presentará en Plaza de Mayo a las 18 el informe anual de Correpi. (Télam)