Vecinos autoconvocados del barrio porteño de Palermo presentarán una acción judicial para frenar la construcción de una torre de 20 pisos en la calle Lafinur al 3100 que fue autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a exceder la altura permitida, a través de un convenio urbanístico, es decir por medio de una excepción al código vigente acordada con la empresa constructora a cambio de un pago al GCBA a los fines de contribuir al "desarrollo urbano equitativo" de la Ciudad.

"Estaba anunciado como un edificio de 10 pisos, pero luego nos enteramos de que con el convenio urbanístico la altura se duplicaría. Nos preocupa el colapso de servicios como el de las cloacas y de sistemas ya endebles, como el de la electricidad", advirtió hoy a Télam Eugenio, quien vive al lado del lote donde se construirá el edificio.

De acuerdo al convenio urbanístico, que la Legislatura porteña aprobó en diciembre junto con otros nueve del mismo tenor, la torre de 20 pisos estará ubicada en la calle Lafinur 3126/3150, entre Cabello y Cerviño, en una parcela de 1.590 metros cuadrados.

El proyecto de obra tendrá 60 metros de altura y responde a un desarrollo inmobiliario de la empresa constructora Proyecto 43 S.A., constituida en 2019 y que preside Martín Lewi.

Eugenio, quien integra el grupo de vecinos autoconvocados, agregó: "No estamos en contra de que se construya, pero sí consideramos que debe construirse de manera razonable, respetando el Código Urbanístico (CUR).

Y agregó: "Creemos que puede haber un equilibrio de manera que el desarrollo inmobiliario que plantea el Gobierno de la Ciudad no vaya en detrimento de la calidad de vida".

Entre otros puntos, el CUR define qué altura pueden tener las construcciones de acuerdo al lugar de la ciudad donde se encuentran, pero a través de los convenios con empresas el Gobierno porteño suele autorizar excepciones y así superar esa altura.

En su cláusula primera, el convenio urbanístico acordado entre el Gobierno porteño y Proyecto 43 S.A. prevé el pago de una compensación económica por parte de la empresa de 7.109.227 (siete millones ciento nueve mil doscientos veintisiete) Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo que equivale a 6 millones de dólares.

"El barrio todavía conserva su espíritu, en la zona está el Palacio de los Patos y el Museo Evita, por ejemplo. Además, hay tranquilidad, están cerca los bosques de Palermo y se descansa bien por las noches", describió Eugenio, quien vive en la zona desde que nació y la define como su hogar.

El hombre también contó que el grupo de autoconvocados comenzó con una reunión de ocho personas en un café, y que hoy son más de 30.

"Vemos que si no hacemos nada es probable que otras construcciones también se vuelvan excepciones", dijo, y mencionó otros dos proyectos inmobiliarios que están en curso: uno en la esquina de Cabello y Lafinur, el otro en Cabello y República Árabe Siria.

Con el fin de informar a los demás habitantes del barrio sobre la nueva torre y juntar firmas para apoyar la acción de amparo, los vecinos autoconvocados se reunirán este sábado 28 de mayo a las 13 en la esquina de Cerviño y Lafinur.

"Muchos no opinan por desconocimiento, pero en general, cuando se enteran, nos dicen que ojalá no se construya la torre", comentó Eugenio.

Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y abogado patrocinante de la acción judicial, manifestó por su parte en un comunicado que "la política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación".

Además, consideró que "el principal objetivo de los convenios urbanísticos es hacer caja política para las elecciones de 2023".

El Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta tiene otros 100 convenios urbanísticos en estudio, todos ellos contienen propuestas recibidas a través de la "Convocatoria a Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores", que fue lanzada a principios de 2021. (Télam)