Una agenda mas humana: cambios de prioridades de gestion

Mag. Roxana Mazzola*

A pesar del poco tiempo transcurrido desde su asunción, el gobierno de Alberto Fernández demostró vocación por privilegiar una mayor protección social de la infancia en sus políticas, vulnerada fuertemente bajo la gestión de Cambiemos. Los últimos anuncios aún tienen pendientes las reformas y retos más estructurales, pero marcan un comienzo auspicioso en un contexto complejo donde conviene ser prudentes a la hora de anotar mejoras sensibles porque esta herencia recibida sí fue por demás pesada.
En el presente trimestre los indicadores sociales darán peor porque recién ahora se publica lo del trimestre previo, el último de la gestión de Cambiemos. Sin embargo, es muy probable que para el primer trimestre de 2020 pueda constatarse cierto freno en la caída en picada de la situación social a partir de las medidas anunciadas en las últimas semanas.
Del conjunto de medidas, las que tendrán un impacto inmediato serán las relacionadas a la AUH y las jubilaciones. La Anses puso un plazo de gracia de 3 meses y bajó las tasas para los 4,5 millones de préstamos ya otorgados, mientras ajusta las condiciones para el futuro del sistema. Adiciono un plus de fin de año y otro bono para el mes de enero.
Las restantes medidas como el programa de la tarjeta alimentaria de lucha contra el Hambre o las medidas de economía popular deberán analizarse en función de cual sea la velocidad de su implementación y escala. Las prioridades hoy por hoy están puestas en frenar la caída y restituir el tejido social tan deteriorado en los últimos 4 años.
Como retos hacia adelante, la nueva gestión de gobierno enfrenta el desafío de mejorar la AUH en torno a cuatro ejes que fueron afectados fuertemente en estos años: la cobertura, la suficiencia de la prestación, la amplitud de las intervenciones (salud, educación), los roles y distribución de funciones- que implica saber quién se hace cargo de qué- y atender a la sostenibilidad política y financiera de todas estas iniciativas.
Para ello, sería deseable una nueva distribución estatal más justa en la infancia sobre la base de tres puntos básicos:
1) Un único sistema de asignaciones a la niñez, que transforme la estratificación y discriminación presente en las políticas a la infancia, entre los pobres y el resto, y que incluya a todos y todas con énfasis en los cuidados y dando cumplimiento a la función esencial de la política social, que es la integración social.
2) Una extensión de cobertura a toda la población hasta 17 años sin importar la condición laboral de los padres y con una reforma impositiva que garantice financiamiento y progresividad.
3) Una readecuación de la estructura del Estado a las nuevas prioridades de agenda de políticas. Se ha vuelto a restablecer el Ministerio de Trabajo que fuera reducido a Secretaria por la anterior gestión. Debiera avanzarse más en el sostenimiento político de las políticas constituyendo una mesa tripartita y generando dispositivos institucionales de construcción participativa de nuevas políticas sociales de infancia y juventud. Ejemplo: una Ley de los Derechos de las Juventudes. Argentina aún no cuenta con una legislación de este tipo.

(*) Coordinadora Académica del Diploma de Postgrado de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO, [email protected]


(Télam)