Una abogada y un politologo, candidatos para el Instituto de Gestion Electoral porteño

El Gobierno porteño presentó hoy en la Legislatura local los pliegos para la designación de la abogada Alejandra Lázzaro y el politólogo Tomás Aguerre como directora titular y director adjunto del Instituto de Gestión Electoral (IGC) de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que tendrá a su cargo la organización y administración de las próximas elecciones en el distrito.
Ambas propuestas fueron elevadas al Parlamento para su debate por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta en el marco de la ley 6031, sancionada en 2018, que dio creación al IGC conjuntamente con el primer Código Electoral porteño, cuyo alcance no llegó a implementarse en los comicios del 2019.
Puntualmente, el IGC es un ente autárquico que se encarga de la organización y administración de los procesos electorales, de la distribución del aporte público para el financiamiento de las campañas y el control de todo lo relacionado a la logística de los elementos necesarios para el día de la votación.
Según la norma, el director titular y el adjunto "serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo de las dos terceras partes del total de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con lo cual accederán a un mandato de cinco años, con la posibilidad de ser nuevamente designado por un período más, únicamente.
Por ello, el Ejecutivo promovió como directora titular a Lázzaro, una abogada especializada en temas electorales, que fue candidata a ocupar la vacante que se generó el año pasado en la Cámara Nacional Electoral, pero que, finalmente, su postulación no prosperó.
Aguerre, en tanto, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del colectivo llamado Artepolítica.
"Corresponde destacar los méritos académicos y profesionales de los candidatos aquí propuestos, y en particular, su desempeño en altas tareas de gobierno, como atributos reconocidos públicamente", remarcaron desde el Ejecutivo en el expediente girado a la Legislatura acerca de los dos candidatos.
Agregaron que "a su vez, es preciso ponderar su independencia de criterio y su constante vocación al servicio público. Es dable destacar que se advierte en los candidatos propuestos, una marcada vocación por el Estado de Derecho y de defensa del régimen democrático, como así también el respeto por las instituciones". (Télam)