La Corte Suprema de Justicia definió en acordada modificar el estatuto de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn) para darle participación en las decisiones del directorio a los sectores de jueces, empleados y funcionarios, tras las denuncias por desmanejos administrativos que produjeron una investigación judicial y varios allanamientos.

La Corte aprobó por mayoría, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, una conducción colegiada y acotó el mandato de los directores, según una acordada difundida hoy en el Boletín Oficial.

La modificación más importante es que se incorporan dos directores al organismo, uno por el estamento de trabajadores y otro por el de magistrados y funcionarios, con mandato por tres años.

Además, se reemplaza la figura del "director general" por "administrador general" y se crea el "Órgano de control" que, como su nombre lo indica, se ocupará del contralor de la gestión de la Ospjn.

La primera medida de la Corte respecto de la obra social fue tomada en septiembre del año pasado cuando por unanimidad los supremos decidieron traspasar el control de la mutual a la Secretaría General de Administración del máximo tribunal, quitándole así el control del organismo al director Aldo Tonón, vinculado al ministro Juan Carlos Maqueda.

Al mismo tiempo, la Corte dispuso una auditoría interna, paralela a la denuncia penal que investiga el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de dos médicos, dos abogados y dos contadores.

"La Obra Social no cuenta con un sistema formal de contabilidad, ni sobre la base de los criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal de la cuestión", señaló el informe, conocido en agosto de este año.

El informe constató un crecimiento exponencial de las contrataciones directas por sobre las licitaciones públicas, un aumento desmesurado en la planta de empleados y contrataciones de servicios dudosas, entre otras irregularidades. (Télam)