La Sala Investigadora de la Legislatura jujeña resolvió hoy archivar tres pedidos de juicio político contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial Clara De Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y Sergio González, tras confirmarse esta semana la dimisión de esos magistrados.

Así lo informó hoy el órgano legislativo, mientras fuentes parlamentarias informaron sobre el ingreso de un nuevo pedido de juicio político a los jueces Francisco Otaola, José Manuel Del Campo y Laura Lamas, quienes también forman parte del total de nueve miembros del STJ local.

Sin embargo, el diputado Ramiro Tizón, presidente de la Sala Investigadora, advirtió que "no hay ningún otro pedido de juicio político en trámite".

Tres de estos seis jueces y juezas mencionados habían sido nombrados por el gobernador Gerardo Morales al comienzo de su mandato en 2016, cuando logró la ampliación de la Corte local de cinco a nueve miembros.

"Me adelanto a decirles que lo he podido estudiar con algunos de mis colegas de la comisión y carece de todo sustento y fundamento. No va a haber más juicios políticos de los que hoy pueden estar circulando y de los que la prensa puede tener noticias, se ha terminado todo con esto", argumentó.

Sobre los pedidos archivados en la jornada, que se encontraban motivados por distintas causas, Tizón explicó que "en la situación actual, ante la renuncia de los jueces involucrados, devinieron en abstracto".

"Al renunciar no hay posibilidad de continuar con el juicio, se ha perdido el objeto del mismo, con lo cual damos por terminado y tenemos que remitir estos pedidos al archivo", explicó y aclaró finalmente que "el objeto de una denuncia y el posterior juicio político es la remoción del denunciado".

Esta semana se conoció primeramente que el Gobierno de Jujuy aceptó las renuncias de las dos juezas, Clara Langhe y Beatriz Altamirano, quienes avanzaron en presentar sus respectivas renuncias tras sustanciarse los pedidos de juicio políticos en su contra en la Legislatura local, ello el 21 de abril.

Las dimisiones fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo local a través de los decretos 5.473 y 5.474, firmados el 29 de abril, según se difundieron ambas resoluciones en medios locales de comunicación.

En el caso de Langhe de Falcone, se le aceptó la renuncia con carácter indeclinable al cargo de vocal del STJ, a partir del próximo 31 de mayo, mientras que a Altamirano se le validó la dimisión al cargo de vocal del STJ tras el pedido en tal sentido realizado el 27 de abril con motivo de "acogerse al beneficio jubilatorio".

En torno a Sergio González, en las últimas horas también alcanzó estado público el decreto 5.493, firmado por el Gobernador Gerardo Morales el martes 3 de mayo, a través del cual se aceptó la renuncia del juez como vocal del STJ a partir del 1 de junio.

Sobre la ola de juicios políticos a integrantes del STJ, la legisladora nacional Carolina Moisés advirtió ayer en la Cámara de Diputados que se trata de un "atropello institucional de Morales en Jujuy" y comparó "la actuación del juez de la Corte Suprema, Héctor Rosatti, con los atropellos a la Justicia en Jujuy que viene realizando el gobernador Gerardo Morales".

"El republicano gobernador Morales se ha llevado puesto al Superior Tribunal de Justicia de la provincia a través de voltear, bajo extorsión, forzando la renuncia de seis de sus miembros. Por no cumplir con sus órdenes les instala juicios políticos en la Legislatura de Jujuy, en la cual también tiene mayoría, y de esta forma fuerza sus renuncias", describió Moisés.

Y preguntó: "¿Para qué hace esto Rosatti desde la Corte Suprema? ¿Para qué hace esto Morales como gobernador de la provincia? Pues para manipular jueces, para disciplinar a todo el Poder Judicial. Para generar distorsiones institucionales para armar causas y law fare a sus opositores y de esa manera perseguirlos políticamente y por supuesto para consumar un ejercicio absoluto del poder", subrayó. (Télam)