Dos trabajadoras de una escuela de la localidad jujeña de Caspalá denunciaron hoy por amenaza y extorsión al jefe comunal del pueblo y al Gobierno provincial, a raíz de un incidente ocurrido el 18 de noviembre pasado cuando integrantes de la comunidad indígena local que defendían sus tierras fueron reprimidos por la policía.

Ambas mujeres prestan servicio como personal de maestranza en el colegio secundario 57 de Caspalá y esta mañana, acompañada de la abogada Silvina Yañez, presentaron una denuncia contra el jefe comunal, Natividad Apaza, y el Gobierno provincial en la sede el Ministerio Público de la Acusación de la capital jujeña, ya que temen ser despedidas.

"Por medio de un sumario que nos hace el comisionado municipal pero que viene del Ministerio de Educación se nos acusa de que estábamos en el conflicto que hubo el 18 de noviembre pero yo no participé", expresó Arminda Báez, una de las denunciantes.

"Tenemos constancia de que estábamos trabajando en el colegio en nuestro horario de 7 a 13. De ahí yo me trasladé a mi domicilio por lo que no tenía conocimiento del conflicto", indicó la mujer.

Aquel día, integrantes de la Comunidad Indígena de Caspalá llevaban a cabo una olla popular en defensa de sus tierras cuando la policía comenzó a reprimir contra los lugareños en un incidente que dejó el saldo de varias personas heridas.

"Por la tarde salí de casa y advertí que a mi nena de 11 años le pegaron los policías con un garrote, entonces alcé una bandera frente al móvil (policial); fue ahí cuando empezaron a tirar gases y nos descompusimos todos", recordó.

Por su parte, en relación a la denuncia "por amenaza y extorsión", la abogada afirmó que las trabajadoras "son víctimas de una agresión injustificada".

"Ése señor se cree dueño de las tierras", sostuvo en referencia a Natividad Apaza y apuntó que "un vecino de apellido Cruz hizo justamente una denuncia porque le están tratando de expropiar una tierra sobre la cual él tiene documentación".

Después de la represión policial en Caspalá, los comuneros manifestaron que Apaza "decidió romper el único espacio comunitario de la zona por orden del gobernador Gerardo Morales, sin escuchar a los pobladores", en relación a las obras proyectadas para la construcción de una escuela y una nueva cancha de fútbol.

En ese sentido, recordaron que en gestiones anteriores del Ejecutivo local "se compró un terreno para la construcción del establecimiento educativo", por lo que consideraron que "no se estaba escuchando al pueblo" al momento de la toma decisiones.

El pueblo de Caspalá se encuentra en el Departamento Valle Grande, a unos 240 kilómetros de la capital jujeña, un lugar que en diciembre de 2021 fue elegido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) como uno de los 44 sitios del mundo con mayor sostenibilidad por su riqueza cultural, patrimonial y el cuidado de la naturaleza. (Télam)