Sobrevivientes del excentro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield realizaron hoy una inspección ocular a la exdependencia policial donde estuvieron cautivos durante la última dictadura cívico militar y reclamaron el cese de las prisiones domiciliarias de las que gozan gran parte de los represores que son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos allí y en otros dos establecimientos ilegales.

La inspección comenzó cerca de las 9, en el excentro ubicado en las calles Siciliano y Vernet de la localidad de Banfield, partido bonaerense de Lomas de Zamora, y contó con la presencia de los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Walter Venditti, Ricardo Basílico y Esteban Carlos Rodríguez Eggers; el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, integrantes de la Unidad Fiscal Federal de Delitos de Lesa Humanidad.

Además participaron varios sobrevivientes, entre ellos Pablo Díaz, uno de los jóvenes detenidos en el episodio conocido como La Noche de los Lápices y, Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo.

"Pablo Díaz hizo la recorrida, iba explicando todo. Entramos por el portón y recorrimos los calabozos, fuimos a la Maternidad que funcionó en un sector que era zona de cocina y se pudo ir al sótano, que era un lugar que en otras oportunidades estaba inundado y no se podía recorrer pero en esta oportunidad se pudo ver", explicó a Télam el fiscal Nogueira.

Contó que el lugar "estaba casi igual" a como lo recordaban y relataron las víctimas que ya declararon en el juicio que comenzó en octubre de 2020.

"El sector de los calabozos estaba igual, salvo que ahora había una mampostería y antes entraba más luz. Y se pudo constatar que desde allí se percibían ruidos de otros lugares, llegaban sonidos a los calabozos, tal como refirieron escuchar las víctimas", precisó.

Nogueira aludió así a los numerosos testimonios de sobrevivientes que declararon que desde sus celdas se podía oír los gritos de dolor de las personas que estaban siendo torturadas en otro sector.

El auxiliar fiscal explicó que en el marco de la inspección ocular, se concretó "el pedido de expreso de víctimas y querellantes en relación a las prisiones domiciliarias que tienen la mayoría de los 15 imputados".

Tanto Nogueira como Oberlin coincidieron en remarcar que "fue una medida satisfactoria, una inspección de este tipo suma muchísimo para la causa y para las víctimas que ven cómo los jueces y funcionarios asisten a este lugar donde se concentró todo el horror que se está desarrollando en el juicio".

"Fue buena la presencia de testigos y valoramos como positivo la presencia de los 3 jueces del Tribunal", destacaron

Por su parte, Matías Moreno, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, querellante en este juicio, expresó a esta agencia tras la inspección que "

ha sido muy movilizante participar de esta inspección ocular junto a sobrevivientes y familiares, y referentes de organismos de Derechos Humanos".

"Este Sitio que hoy cuenta con su espacio de la Memoria, formó parte de la represión ilegal, por aquí pasaron muchos compañeras y compañeros como los chicos de la Noche de los lápices que han eternamente jóvenes y son ejemplo de lucha para las nuevas generaciones", sostuvo.

Moreno precisó que "desde la Subsecretaría trabajamos en su puesta en valor desde que asumimos en 2019, lo habíamos encontrado en estado de abandono, deteriorado. Es por eso que iniciamos trabajos que continúan y que seguirán para su recuperación definitiva y su resignificación".

El Pozo de Banfield fue uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar.

En esa dependencia policial, durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre de 1974 y el 1ro de enero de 1977, funcionaron las divisiones Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, subordinadas a la Dirección de Investigaciones de la policía. A partir del 1ro de enero de 1977, se instalaron las direcciones de Seguridad, Investigaciones e Informaciones.

Tenía tres plantas: en la planta baja se encontraba la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias.

En el primer piso había calabozos, oficinas, comedor, casino de personal, cocinas y baños, mientras que en el segundo piso había más celdas de apenas 1,50 por 2,50 metros y sanitarios. En ese piso, en total, había 24 calabozos, divididos en dos sectores para hombres y mujeres.

El Pozo de Banfield tenía la particularidad de ser un centro de recepción y permanencia transitoria de detenidos, pero cobró macabra notoriedad por ser un lugar en el que se practicó tortura sistemática y violencia sexual, como parte de una estrategia militar de deshumanizar a las personas secuestradas.

En el lugar también se instaló una maternidad clandestina, desde la que se sustrajo, ocultó y cambió la identidad de hijos e hijas de personas secuestradas.

A fines de 1978 se desmanteló el centro clandestino y el edificio siguió siendo utilizado para alojar detenidos legales hasta mediados de los '90.

El 30 de agosto de 2006 el Decreto 2.204/06 desafectó el uso del inmueble a favor de la Secretaría de Derechos Humanos con destino al funcionamiento de un espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos.

En 2021 se desarrolló un plan de intervención con la participación de una profesional en conservación del Patrimonio que intervino las celdas del primer piso y segundo piso y el sector utilizado como maternidad del ex CCD, realizando la limpieza de rastros del uso de esos lugares y la consolidación material de las superficies.

Estas tareas permitieron que por primera vez desde la recuperación del inmueble en el año 2006, se pudieran hacer recorridos guiados con instituciones educativas, organizaciones, vecinos y vecinas y desde marzo de este año han participado de las actividades en el Espacio aproximadamente 4500 personas.

El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Bergés y a los imputados Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. (Télam)