El Gobierno porteño prorrogó la concesión del predio de Costa Salguero que vencía a fin de abril y llamó a licitación para obras de infraestructura en torno al proyecto inmobiliario para la construcción de edificios en el predio costero, lo que generó una ola de cuestionamientos de dirigentes opositores y asociaciones ambientalistas, ya que el futuro del espacio público está aún en debate en la Legislatura.

Las medidas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta fueron publicadas en el Boletín Oficial porteño y abarcan los terrenos de la Costanera Norte donde funciona el complejo de Costa Salguero.

Ese espacio está en medio de una controversia aún sin resolución debido a la intención del oficialismo local de vender un sector para habilitar las edificaciones mientras que existe un reclamo vecinal para que sea un parque público.

Puntualmente, la resolución del Ministerio de Desarrollo Económico -que fue publicada hoy pero tiene fecha del 5 de febrero- dispone la prórroga del plazo del contrato de concesión con la empresa Telemetrix, que vencía a fin de abril después de más de tres décadas de usufructo del complejo caracterizado por ser un centro de convenciones y también el búnker de Juntos por el Cambio en los días de elecciones.

La decisión contempla la extensión del uso hasta el 31 de julio del sector delimitado por el Río de la Plata, el canal de desagüe Arroyo Ugarteche, la avenida Rafael Obligado y la avenida Presidente Ramón Castillo; en tanto que dispone la vigencia hasta el 31 de diciembre del polígono más cercano a la Costanera.

Entre las motivos expresados por el Gobierno porteño para el otorgamiento de la prórroga se indicó el pedido recibido desde la industria turística para la continuidad de Costa Salguero, ya que "representa un hito fundamental para el denominado turismo de reuniones".

Por otra parte, revela que la propia Telemetrix pidió la extensión de la concesión "hasta tanto se dedica el destino final" del espacio y al entender que "durante los años transcurridos en uso y explotación del inmueble, se han realizado importantes inversiones en obras sobre el predio".

La comunicación oficial fue redactada pocos días después de la finalización en la Legislatura porteña de una audiencia pública en la cual la mayoría de las personas inscriptas se manifestaron en contra del proyecto del oficialismo porteño para levantar en el predio en cuestión un complejo de edificios.

Al respecto, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca criticó que "la resolución se firmó el 5 de febrero, días después de la audiencia más larga de la historia" y definió a la medida adoptada por la administración porteña como una señal de "larretismo de manual: ocultar información y no escuchar a lxs vecinxs".

El legislador porteño Juan Manuel Valdés sostuvo que "a pesar del rechazo histórico al proyecto, el pedido para que allí haya un gran parque público, siguen priorizando el negocio de unos pocos"; mientras que la diputada Lorena Pokoik manifestó que "Larreta prorroga la concesión de ese predio", lo que califica como "otra canallada del jefe de Gobierno que se hace el dialoguista pero no escucha al pueblo".

A su vez, organizaciones sociales y gremiales adelantaron la presentación de una demanda ambiental colectiva para frenar la decisión del Gobierno de la Ciudad.

El anuncio estuvo a cargo del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y abarca también a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la CTA Capital y la Defensoría de Laburantes al cuestionar "la constitucionalidad y legalidad" la extensión.

La segunda resolución publicada por el Gobierno porteño contiene dos llamados a licitación para el estudio de obras de infraestructura -entre ellas instalaciones sanitarias, hidráulicas, extinción de incendios, riego, electricidad e iluminación- para el proyecto del conglomerado de edificios que, justamente, tiene radicación en el predio hasta hoy ocupado por el complejo en concesión.

La medida generó rechazos de legisladores del arco opositor ya que, en rigor, la ley que habilita las construcciones aún está en debate en el Parlamento porteño, es decir, que la posibilidad de iniciar algún tipo de estudio o de obra no cuenta a la fecha con ninguna normativa que lo avale.

Para el diputado del FdT Matías Barroetaveña, "el objetivo es comenzar de manera subrepticia con el cuestionado proyecto de Costa Salguero que aún no tiene aprobación en segunda lectura de la Legislatura" y consideró que "el llamado a licitación busca iniciar las obras de un proyecto ampliamente rechazado por la ciudadanía en la Audiencia Pública y que no ha finalizado su recorrido parlamentario".

La legisladora Lucía Cámpora, por su parte, manifestó que "este llamado a licitación avanza con la obra que el Gobierno de la Ciudad tiene proyectada para las tierras de Costa Salguero y que gran parte de la ciudadanía está rechazando. Pero la ley ni siquiera está aprobada. Avanzan sin tener sancionada la ley y con una medida cautelar que está vigente”.

(Télam)