Sin la prohibicion a barrios privados, el oficialismo porteño aprobo la ley de Catastro

El oficialismo porteño aprobó hoy en la Legislatura el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para modificar la ley de Catastro, que regula la ubicación y la extensión de los inmuebles edificados y baldíos, aunque no accedió a incorporar al texto de la norma la prohibición para la radicación de barrios cerrados en el distrito, como lo reclamó el arco opositor.
La iniciativa obtuvo 36 votos positivos de los bloques Vamos Juntos -que reúne al PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- Socialista y el de UCR-Evolución, en tanto que recibió 20 sufragios en contra del Frente de Todos y las bancadas de la Izquierda durante la sesión ordinaria.
Los cambios sancionados recayeron sobre la ley 3999 de Catastro y fueron promovidos por el Ejecutivo porteño bajo la premisa de necesitar una "actualización de disposiciones que han quedado obsoletas con los avances tecnológicos, los nuevos procedimientos y necesidades de la Ciudad".
Entre otras cuestiones, la norma tiene la función de registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles, ya sea edificados o no, y la misión de regular el ordenamiento territorial de las parcelas.
"Esta ley va a permitir contar con un catastro acorde a la normativa actual. Además se busca agilizar los trámites y acompañar de la mejor manera los procesos de reurbanización e integración de barrios que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad", expresó el legislador del oficialismo Daniel Del Sol, encargado de defender el proyecto.
Sin embargo, los legisladores del arco opositor advirtieron que la reforma, remitida al Parlamento hace poco más de un mes, requería de más tiempo de debate, y la encuadraron dentro de las propuestas de Rodríguez Larreta "en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios", en las cuales mencionaron el emprendimiento urbano en Costa Salguero.
Es que, en la propuesta original, la iniciativa proponía la inclusión de las figuras "conjuntos inmobiliarios" y "propiedad horizontal especial", lo que disparó un alerta entre los representantes de la oposición al entender que ello abría la posibilidad, a futuro, de habilitar los barrios con perímetro cerrado.
En consecuencia, la bancada oficialista de Vamos Juntos retiró de la redacción del expediente ambos términos; no obstante, la medida no convenció a los legisladores del FDT que solicitaron que quede explícito en el texto el impedimento para que puedan existir barrios cerrados y evitar así "una profundización del modelo desigual" en la Ciudad.
"Desde el Frente de Todos no queremos los barrios cerrados", dijo el diputado Javier Andrade, quien agregó que con lo aprobado por el oficialismo "se sigue consolidando a Juntos por el Cambio como el proyecto electoral de los grandes desarrolladores urbanos".
Por su parte, el legislador Matías Barroetaveña sostuvo que los cambios "permiten que existan polígonos con calles internas que no se cedan a la Ciudad, lo que claramente es una luz verde a la construcción de barrios privados”.
"Esto muestra una vez más, el plan de apropiación que posee Larreta en beneficio de los desarrolladores privados, lo mismo que pretenden hacer en Costa Salguero y en los terrenos de la exciudad deportiva de Boca. No los llaman barrios privados, pero son eso", remarcó.
De manera coincidente, el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas envió una carta a los legisladores, previa a la sanción de la ley, para pedirles que incluyan "taxativamente el carácter indefectiblemente público de todas las vías y calles existentes y futuras", así como "la prohibición expresa de constituir enclaves urbanos cerrados".
"Se debe asegurar que todas las calles o vías de nuestra Ciudad sean de dominio público y acceso irrestricto, incorporando así todo sector urbanizado o a urbanizar a la trama urbana", consideraron.
También a través de una carta, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio Público de la Defensa de Ciudad expresaron su "preocupación" por la reforma a la norma de Catastro al considerar que podría generar "condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana" en barrios populares.
"Entendemos que la falta de discusión sobre el proyecto de ley abre fuertes interrogantes acerca de las construcciones que no se encuentran en condiciones edilicias adecuadas y cómo el proyecto contribuirá o no a la titulación", indicaron en una carta enviada a la Legislatura.
(Télam)