La justicia uruguaya quedó esta semana a cargo de la definición sobre la concesión o no del carácter de refugiado a de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial del macrismo citado a indagatoria por la jueza federal María Servini por las supuestas presiones ejercidas sobre los accionistas del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

El parlamentario del Mercosur había presentado su pedido de ser considerado como refugiado político ante la CORE (Comisión de Refugiados), presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza Servini envió un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición de Pepín.

La definición le quedó a la justicia porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que reza que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".

La jueza de la extradición es la titular del juzgado de Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarián, quien quedará a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugio para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya.

A mitad de la semana, cuando se supo qué jueza intervendría en el juicio de extradición, la defensa de Rodríguez Simón formuló una presentación para fijar domicilio en Montevideo y para poner a la magistrada "en conocimientos de su situación", según informaron fuentes seguras.

"La presentación (de Pepín) tuvo por objetivo evitar una posible detención", analizó un abogado que sigue el caso y recordó que una actitud similar había asumido el también exdirector de YPF cuando le presentó a Servini una copia del pasaje de Buquebus con el que presuntamente volvería a la Argentina a mediados de mayo, algo que no ocurrió.

Si bien se espera que la jueza resuelva el pedido de refugio Rodríguez Simón en un plazo inferior al que se habría tomado la CORE (que tiene un máximo de 90 días) la ley que regula ese procedimiento establece que la magistrada le pida un informe a la Comisión antes de adoptar una resolución.

La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, que será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz, pero sin voto.

Durante la semana, el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina donde es investigado por la justicia.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, pidió al ministro de Educación y Cultura (de quien depende Justicia), Pablo da Silveira, "tramitar en el menor tiempo posible" las acciones que conciernen al Poder Ejecutivo en el proceso de extradición de Rodríguez Simón, según publicó el periódico La Diaria.

Télam pudo reconstruir, además, de fuentes diplomáticas que ese mensaje llegó de parte de Da Silveira al embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, a quien le advirtió que, a poco de recibir la orden de captura y el pedido de extradición de Pepín en la noche del lunes, la requisitoria había sido remitida a la justicia.

Pepín está imputado en la causa en la que se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente judicial.

Entre los imputados de esta causa están el también el expresidente Mauricio Macri, el extitular de la AFIP Alberto Abad, el exasesor presidencial José María Torello y al exdirector de Vialidad Nacional y exministro de Energía Javier Iguacel.

A Rodríguez Simón se lo acusa además de "haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019", a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia penal en su contra habría "consecuencias negativas" para los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de López en las empresas que explotaban el juego de azar. (Télam)