La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó tratar durante la feria judicial el recurso del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) contra el fallo que le ordenó abonar sus haberes y brindar las prestaciones de obra social a una solado que no se presentó a retomar tareas en abril de 2020, trascendió hoy en Tribunales.

El pedido de habilitación del receso había sido solicitado por la oficial, a quien en primera instancia se le reconoció el derecho a percibir su salario y a tener la cobertura de la obra social Iosfa para ella y su hija de seis meses de edad.

En el expediente se debate la medida preventiva adoptada por el Ejército, que suspendió el pago de los haberes y de las prestaciones de la obra social como consecuencia de la imputación de la presunta "falta gravísima" de abandono de servicio o deserción establecida en el Anexo IV de la Ley 26.394.

La sanción fue tomada por la falta de presentación de la oficial a prestar servicios desde abril de 2020 a pesar de lo dispuesto en artículo 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, con respecto a que se trata de personal militar considerado esencial y, por tanto, exceptuado de la prohibición de circular.

"Soy madre soltera y no tengo a nadie que me ayude para poder cuidar a mi hija, encontrándome varada en la cuidad de Miramar", expuso la mujer al promover la acción de amparo, citando a su favor las normas dictadas en marzo de 2020 sobre aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19.

Los abogados del Ejército remarcaron que la fuerza realizó reiterados intentos para comunicarse con la soldado y brindarle ayuda.

El juez de primera instancia había ordenado al Ejército Argentino que "restablezca el pago y la acreditación de la remuneración de la integrante del Ejército con carácter retroactivo a la fecha en que operó la suspensión; así como su condición de beneficiaria de la obra social, para ella y su hija menor de edad".

Un dictamen fiscal que precedió a la negativa de la Sala de Feria de la Cámara consideró que se debía habilitar el receso judicial porque la apelación contra la sentencia que concedía el amparo dejaba en estado de "absoluta vulnerabilidad económica" a la militar y a su hija.

Pero el tribunal, por mayoría, con los votos de los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany y la disidencia de Pablo Gallegos Fedriani, consideró que la causa "no se encuentra en estado de dictar sentencia", porque faltan notificaciones imprescindibles para que las partes puedan ejercer sus derechos.

La mayoría agregó que "cualquier otra medida que eventualmente fuese indispensable ordenar, consumiría prácticamente todo el tiempo disponible hasta la finalización de la feria judicial", pero remarcó que, si lo cree conveniente, la demandante podría solicitar una medida cautelar. (Télam)