La Cámara en lo Penal Económico rechazó que la asociación civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) actúe como querellante en la causa en la que fueron denunciados el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por presunto contrabando agravado de armas a Bolivia en noviembre de 2019, cuando en ese país se consolidaba un golpe de Estado contra Evo Morales.

Fuentes judiciales indicaron que la Sala B de la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia, al considerar que por el delito que se investiga, además del Ministerio Público Fiscal, solo estaría legitimada para desempeñar el rol acusador la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La causa se inició luego de una denuncia presentada por los ministros de Seguridad, Sabrina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, por “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia", realizado el 12 de noviembre de 2019, por el gobierno de Macri.

Esa presentación del Ejecutivo consignaba que poco después de haberse producido la asonada que instaló en el poder a la mandataria de facto Jeanine Áñez, el entonces comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Terceros Lara envió a la Embajada argentina en La Paz una nota de agradecimiento por el envío a la nación andina por parte de la administración de Cambiemos una gran cantidad de material represivo.

La denuncia sostuvo además que ese envío se justificó con el pretexto de "proteger" la delegación argentina en La Paz, en un momento de alta conmoción social y política, pero en cambio, con ese material, "se apoyó un golpe de Estado" en el país vecino.

La LADH había reclamado ser querellante “por tratarse de una causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, cometidas por los “golpistas que usurparon el Gobierno en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

La Sala B de la Cámara recordó que el objeto de la investigación “no se encuentra conformado por los delitos presuntos cometidos en el Estado Plurinacional de Bolivia en los sucesos que habrían motivado la renuncia del ex presidente de aquel país, Evo Morales, sino por el supuesto delito de contrabando agravado”.

"El legitimado para querellar por aquel delito, como regla general, sólo sería la AFIP”, destacaron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes remarcaron, además, que la LADH no presentó los instrumentos que acrediten su constitución ni las facultades otorgadas al presidente de la asociación. (Télam)