El diputado del Parlasur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, declarado en rebeldía por la jueza federal María Romilda Servini, protagonizó hoy una audiencia ante la justicia uruguaya en la que ofreció los argumentos que lo llevaron a presentar un segundo habeas corpus preventivo con el que busca evitar su detención en ese país.

La audiencia llevada a cabo en los tribunales de Montevideo fue encabezada por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Marcelo Malvar, quien tras escuchar las exposiciones lo volvió a convocar para mañana a las 14.30 para la lectura de la sentencia, informaron a Télam fuentes judiciales.

Rodríguez Simón se presentó acompañado por los abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey, mientras que en la audiencia también estuvo representado el ministerio público fiscal e Interpol, según consignaron los voceros consultados por esta agencia.

“Pepín” se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre pasado y esta semana anunció públicamente que no volverá a la Argentina, ni siquiera para asistir a la indagatoria a la que fue convocado para el 17 de junio, en el marco de la causa en la que está imputado por supuestas presiones en contra del Grupo Indalo y sus accionistas, porque se considera "un perseguido político".

Sus declaraciones públicas y la presentación de un escrito de una carilla ante el juzgado de Servini, en el que confirmó que se encuentra en Uruguay tramitando un pedido para ser tenido como refugiado, generaron que la magistrada lo considerara en “rebeldía” y ordenara su “inmediata captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria”.

La resolución dictada por la jueza Servini el último miércoles fue utilizada por Rodríguez Simón para presentar su segunda acción de habeas corpus y asegurar que ahora sí hay elementos que permiten acreditar su libertad corre el riesgo de ser interrumpida por una arbitraria orden de detención.

Su primer intento fracasó el pasado 7 de mayo cuando el mismo juez Malvar, ante el cual se presentó hoy, firmó una sentencia que disponía desestimar “de plano la demanda de habeas corpus” tras considerar que “la presentación de esta acción fue apresurada, y en tal sentido extemporánea no por tardía sino por temprana, pretendiendo convertir al proceso de habeas corpus en una suerte de jactancia que no conviene con su naturaleza”.

Para que prosperara este segundo intento, Rodríguez Simón debería poder demostrar que está siendo perseguido, que existe una orden de detención arbitraria en su contra y que en la Argentina no funcionan correctamente las instituciones; algo que, según indicaron fuentes de la justicia uruguaya, “no parece advertirse en la presentación realizada”.

La audiencia de hoy habría tenido para Pepín una complicación más: los representantes de Interpol convocados para dar cuenta de la orden de captura internacional que libró la jueza Servini no habían sido notificados aún de que dicha medida estuviera vigente, por lo que se estimaba que todavía no había sido aprobada por la oficina central de ese organismo.

En paralelo a la acción de habeas corpus, “Pepín” se encuentra tramitando en Uruguay un pedido de asilo como refugiado político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según pudo reconstruir Télam.

Fuentes judiciales especializadas en derecho internacional indicaron a Télam que mientras dure la tramitación del pedido para ser considerado refugiado (que tiene un máximo de 90 días) el solicitante no puede ser devuelto al país del cual se escapó, aunque sí se lo podría detener allí o imponerle una prohibición de salida de ese país.

El lunes pasado, cuando anunció que no piensa regresar al país porque se considera un “perseguido” Rodríguez Simón contradijo lo que él mismo le había manifestado a la jueza de la causa que lo tiene como imputado cuando aseguró que regresaría a la Argentina el 15 de mayo, aseveración que acompañó en el expediente con la copia de un pasaje de Buquebús emitido a su nombre.

“Pepín” está imputado en la causa que tiene como fiscal a Guillermo Marijuan, en la que se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la resolución.

Entre los imputados de esta causa están el propio expresidente Mauricio Macri, el extitular de la AFIP Alberto Abad, el exasesor presidencial José María Torello y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía).

A Rodrígez Simón además se le imputa “el haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019” a los empresario Cristóbal López y Fabián De Sousa, “por intermedio de Ricardo Benedicto, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia en su contra habría “consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”. (Télam)