Diputados nacionales participaron hoy de una jornada organizada por el Observatorio de Víctimas de la Cámara baja, para avanzar en una legislación adecuada que permita incorporar al Código Penal las lesiones y muertes que se producen por las corridas de autos en las calles.

De la reunión, que contó con el respaldo de las Comisiones de Legislación Penal, Educación, Transporte y Seguridad interior de la Cámara, participaron especialistas y familiares de víctimas de siniestros viales.

En la oportunidad, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT), precisó que hay dos proyectos que proponen modificaciones en el Código Penal sobre homicidio vehicular, enfocados en la problemática de muerte y lesiones que se producen por las corridas de picadas, presentados por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) y la diputada María Luján Rey (Pro).

“Si bien existe una responsabilidad del Estado en evitar las muertes, debemos trabajar en la responsabilidad ciudadana”, aseveró Gaillard.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados, Paula Penacca (FdT), destacó que el objetivo es “evitar y prevenir que siga habiendo este tipo de situaciones en relación a la seguridad vial” y sostuvo que "es la sociedad civil la que puede generar mayores procesos de toma de consciencia".

La subdirectora del Observatorio de Víctimas del Delito del Congreso de la Nación, Luciana Carrasco, afirmó que “los siniestros viales son evitables”, al destacar la importancia de invertir "en educación, infraestructura, procesos penales eficaces y políticas públicas vinculadas a lo criminal”.

En tanto, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró que “la inseguridad vial es un problema muy grave en la Argentina y nada mata más jóvenes que los siniestros viales” aunque afirmó que en los relevamientos “la gente no reconoce este tema como una de sus preocupaciones principales”.

La directora Nacional de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación, Natalia Figueroa, advirtió que “el objetivo de un desarrollo sostenible en materia de justicia nos obliga a repensar las prácticas de un sistema judicial cuya única perspectiva es la culpabilidad o no del acusado”.

A su vez, la defensora General de la Nación, María Florencia Hegglin, aseveró que “las condenas van a dar satisfacciones, pero no ayudan a reducir la tasa de mortalidad”, a la vez que propuso “la creación de políticas públicas de prevención”. (Télam)