la jueza federal de Salta Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva de dos expolicías provinciales y de un excapitán del Ejército Argentino que están imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra siete sindicalistas de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la última dictadura cívico militar.

Se trata del exsubjefe de la Policía de Salta, Víctor Modesto Mendíaz; del exdirector de Seguridad de esa fuerza, Joaquín Guil; y del excapitán del Ejército Argentino, Luis Dubois, quien es la primera vez que queda detenido en una causa por crímenes de lesa humanidad.

La magistrada, que actúa como subrogante, los acusa de privación Ilegítima de la libertad agravada por violencia, amenazas y duración de más de un mes.

Fuentes del Ministerio Público Federal informaron hoy que Giménez hizo lugar de esta forma a una solicitud presentada por el fiscal general del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal de Salta, Carlos Amad.

Guil está procesado por seis de los siete casos, mientras que Mendíaz y Dubois por el total de los hechos que se juzgan.

El procesamiento de los tres acusados había sido dictado el 6 de mayo de 2018, por el Juzgado Federal 2, y aquel fallo fue objeto de planteos que finalizaron el 12 de marzo pasado, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó una resolución de falta de mérito en favor de los tres imputados.

En tanto, el 9 de mayo último, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta -integrada por los jueces Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Santiago French y Alejandro Castellanos- rechazó los planteos defensivos de los acusados y resolvió su procesamiento, de acuerdo con lo resuelto por el máximo tribunal penal de la Nación.

Por ese fallo, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los acusados, puesto que ya se habían resuelto los recursos intermedios y dado que el procesamiento había quedado confirmado.

Giménez coincidió con el planteo de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los tres acusados.

Esta es la primera detención de Dubois, mientras que Mendíaz y Guil ya estaban privados de la libertad en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad.

La magistrada además dispuso el embargo sobre los bienes de los tres acusados a fin de garantizar la indemnización civil y la pena pecuniaria que pudiese recaer en su contra, hasta cubrir la suma de $200 mil.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal estableció que Guil y Mendíaz tuvieron conocimiento de los operativos que efectivos de la Policía de la provincia y de la Gendarmería Nacional concretaron el 27 de marzo de 1976, que finalizaron en el secuestro de los siete miembros de la UOM.

Al respecto, el tribunal sostuvo que “estas detenciones estuvieron interconectadas y habrían constituido un operativo único materializado por las mencionadas fuerzas de seguridad, bajo la organización y el comando del Ejército Argentino, pudiendo concluir de manera provisoria que Mendíaz y Guil, como subjefe y director de seguridad, respectivamente, aportaron cuanto menos una parte de los recursos materiales y humanos" para llevar a cabo esas acciones.

En cuanto a Dubois, quien integraba como vocal el Consejo de Guerra Especial Estable del Ejército en Salta, el tribunal sostuvo que, si bien tres de los siete gremialistas sometidos al proceso castrense fueron absueltos, también estuvieron detenidos a disposición de ese organismo durante el tiempo que se desarrolló el juicio, tramo por el cual Dubois debía responder.

Sobre el rol del excapitán, se determinó que las normas que reinstalaron los consejos de guerra y que fueron aplicadas en concreto al juicio contra los gremialistas “no fueron dictadas por los órganos previstos por la Constitución Nacional, sino dispuestas por aquellos que habían usurpado el poder mediante un acto de fuerza”.

En efecto, los consejos de guerra eran instituciones del viejo Código de Justicia Militar, que establecía ese fuero especial -integrado por miembros de las fuerzas armadas que cumplían roles de jueces, fiscales y defensores- para el juzgamiento de militares y que, durante el terrorismo de Estado, fueron utilizados para la persecución por motivos políticos y para caracterizar de licitud los procedimientos ilegales. (Télam)