El diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los cerebros de la estrategia jurídica del gobierno de Mauricio Macri, fue declarado en rebeldía y ya pesa sobre él una orden de captura internacional en la causa que investiga supuestas presiones de la gestión de Cambiemos sobre el Grupo Indalo y sus accionistas, dijeron hoy fuentes tribunalicias.

La orden de captura fue librada por la jueza federal María Romilda Servini luego de que ayer el dirigente macrista la notificara, a través de un escrito, presentado por su abogado, Gustavo de Urquieta, que se acogió al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, según pudo reconstruir Télam.

La magistrada consideró que la estrategia adoptada por el imputado lo colocó en posición de quien intenta sustraerse del accionar de la justicia, por lo que ordenó su “captura nacional e internacional a efectos de recibirle declaración indagatoria” y dispuso la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus productos bancarios.

“Líbrase exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”, dispuso la magistrada en la resolución a la que accedió esta agencia.

La magistrada adelantó en su resolución que, una vez concretada la localización del imputado, “se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay – Ley n° 25.304)”, para lograr que “Pepín” sea trasladado a la Argentina.

Fuentes judiciales especializadas en derecho internacional indicaron a Télam que mientras dure la tramitación del pedido para ser considerado refugiado el solicitante no puede ser devuelto al país del cual se escapó, pero que se sí se puede iniciar e incluso concluir el proceso de extradición dejando sujeto su resultado al trámite de refugio.

Para evitarse mayores contratiempos, esta tarde el propio diputado del Parlasur se presentó ante la justicia uruguaya para evitar su extradición y recordar que se encuentra tramitando un pedido de ser considerado refugiado, algo que nadie de la política ni de la justicia creen que vaya a lograr.

“El status de refugiado está reservado para personas que escapan de guerras o de países en los que sus derechos humanos son violados de forma sistemática, no para personas investigadas por la justicia, con derecho a defensa y todas las garantías del debido proceso que no le gusta que su causa se cuente en televisión”, sostuvo una fuente judicial en diálogo con esta agencia.

“Pepín” Rodríguez Simón está en Uruguay desde el 8 de diciembre y el lunes anunció a través de un comunicado que envió a distintos medios y de una entrevista televisada que no piensa regresar al país porque se considera un “perseguido” y teme que de hacerlo queden en riesgo su libertad y su seguridad personal.

Con esas declaraciones desdijo lo que el mismo le había manifestado a la jueza de la causa que lo tiene como imputado cuando, a través de su abogado, había presentado un escrito con una copia de un pasaje de Buquebús para volver al país el 15 de mayo, fecha en la que finalmente no regresó.

“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara”, sostuvo la jueza en la resolución a la que tuvo acceso Télam.

A lo largo de las 18 páginas del texto judicial, la magistrada remarcó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley en su favor, por lo que resulta de imposible comprensión el planto referido a su supuesto temor de ser detenido indebidamente, como manifestó ante medios de comunicación.

“Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”, remarcó la magistrada.

“Debo hacer notar que en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay – Ley n° 25.304)”, continuó.

Rodríguez Simón “recientemente solicitó medidas de prueba que iban a ser complementarias a su descargo, con lo cual la situación en que se encuentra no es nueva para él. Sumado a ello, los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, señaló la magistrada.

En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la resolución.

Entre los imputados de esta causa están el propio expresidente Macri, el extitular de la AFIP Albert Abad, el exasesor presidencial José María Torello y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía).

El lunes, la jueza Servini recibió el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) sobre las llamadas entrantes y salientes de este grupo de exfuncionarios de Cambiemos, que habría orquestado las presiones sobre el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El informe incluye el análisis de los llamados que intercambiaron en 42 momentos distintos, considerados "hitos" para la investigación y según fuentes judiciales respaldaría a hipótesis criminal que tiene que ver con las supuestas presiones al grupo Indalo por parte de funcionarios del gobierno de Macri .

En la resolución de hoy, la magistrada recordó que también se le imputa a Rodríguez Simón “el haber amedrentado mediante amenazas, en una fecha ocurrida entre los meses de julio y agosto de 2019” a López y De Sousa, “por intermedio de Ricardo Benedicto, a quienes les habría advertido que si daban impulso a la denuncia en su contra habría “consecuencias negativas a los negocios que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”.


(Télam)