El periodista Santiago O'Donnell destacó hoy el respaldo recibido de parte de colegas ante el requerimiento judicial de entregar al empresario Mariano Macri, hermano menor del expresidente Mauricio Macri, las grabaciones de las entrevistas en las que se basó el libro "Hermano", que reseña tramas de negocios de la familia de quien ejerció la primera magistratura entre 2015 y 2019.

Una medida del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 6, a cargo de Susana Gastaldi, notificó el último martes a O'Donnell para que entregue a Mariano Macri todas la grabaciones de las entrevistas que derivaron en la escritura de su libro "Hermano; La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio", editado por Sudamericana.

El requerimiento dispuso un plazo de cinco días hábiles "o pagar una fuerte multa diaria en caso de negarse", según publicó O'Donnell en el sitio web que dirige, Medio Extremo.

"Presentamos una apelación con mis abogados, Damián Loreti y Cristian del Rosario, y veremos qué pasa con la apelación", explicó el periodista en diálogo con Télam.

La medida le fue notificada a O'Donnell sin que antes se le avisara que en ese mismo juzgado se le había iniciado una demanda en su contra, a fines del año pasado.

El objetivo de la medida, según escribió el requirente al solicitarla, es "brindar certeza a la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios".

"Es una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y de preservación de la fuente. Además, viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", escribió O'Donnell.

Consultado por esta agencia sobre la cantidad de adhesiones que recibió en los últimos días por parte de colegas con perfiles variados y que trabajan en medios disímiles, O'Donnell contó que "tenía la esperanza" de recibir respaldos variados "pero muchos me emocionaron no solo con su adhesión, sino también con sus palabras de aliento".

Entre otros, expresaron su respaldo Carlos Ulanovsky, Jorge Fontevecchia, Nelson Castro, Ernesto Tenembaum, Hugo Alconada Mon, Reynaldo Sietecase, Gerardo Young, Miriam Lewin, Olga Wornat, Claudio Savoia, Eduardo Fidanza, Mauro Federico, Nancy Pazos, Roberto Caballero y el presidente de FOPEA, Fernando Ruiz.

En las grabaciones requeridas, hay consideraciones del periodista no divulgadas. También menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro por una variedad de razones que hacen a la buena praxis periodística, explicó el autor.

"La historia ha demostrado que contenidos reservados de trámites judiciales se han filtrado por distintas vías y no sólo desde medios de comunicación; esta insólita resolución habilita una 'excursión de pesca' para ver de qué manera se puede intimidar al periodista por haber revelado información sensible acerca de uno de los hombres más poderosos de Argentina", indicó el posteo de O'Donnell replicado en su cuenta de Twitter.

En caso de quedar firme el pedido, "se vería amenazado el libre ejercicio de informar a través de un medio de comunicación y el derecho de la sociedad a ser informada, por lo tanto rechazo la medida y llamo a Su Señoría (por la jueza Gastaldi) y/o a las autoridades judiciales competentes por apelación a revertir esta medida y a respetar las garantías fundamentales para el ejercicio del oficio periodístico", concluyó el periodista.

En las últimas horas, la asociación FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) difundió un comunicado desde las redes sociales en el que advierte que el pedido de que O'Donnell entregue sus grabaciones "pone en riesgo la garantía constitucional de protección del secreto de las fuentes informativas" y asegura que la medida judicial "va a contramano de la jurisprudencia nacional e internacional".

"El artículo 43 de la Constitución establece claramente que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística, por lo que el accionar de la jueza (Gastaldi) colisiona con leyes y tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. Además, puede generar un efecto de autocensura y limitar las investigaciones periodísticas, configurando un grave ataque a la libertad de expresión", señaló Fopea. (Télam)