El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, informó que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ofreció “capacitación y financiamiento para avanzar en juicio por jurados en la provincia”.
Peppo se reunió con Garavano ayer en Buenos Aires para “avanzar” sobre ese punto y “la equiparación salarial” entre otros temas que fueron abordados, según informó hoy la oficina de prensa del gobierno chaqueño.
El mandatario provincial estuvo acompañado por la presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Emilia Valle; el juez superior, Rolando Toledo; el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo; y el ministro de Desarrollo Social, Roberto Acosta.
En el encuentro Peppo manifestó su intención de “iniciar el sistema a través de la normativa de la ley vigente” y aseguró “contamos con la predisposición del ministro Garavano, quien ofreció capacitación y presupuesto lo que significará un salto cualitativo para la justicia”.
También destacó “el aporte que hace el Ministerio de Justicia al sistema judicial provincial con convenios que tuvieron excelentes beneficio en el sector”.
“Agradecemos esa predisposición y este tipo de acuerdos se mantendrá hacia adelante para trabajar en convenios de cooperación tanto en lo que hace a la parte edilicia, tecnológica, de capacitación y formación que se irán incorporando más adelante”, añadió.
Peppo sostuvo que “desde Nación reconocieron los trabajos que lleva adelante la provincia y que hacen al cumplimiento de los recursos, la rendición del mismo y posibilidad de proyectar mejoras en el servicios que incluyen inversiones edilicias”.
En el diálogo entre los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de Chaco con Garavano “se dialogó sobre el cumplimiento de los derechos humanos los detenidos en comisarías, los cuales deberían estar contenidos en otros centros de detención específicos y que, además, tiene una influencia sobre la seguridad pública”.
“Tenemos alrededor de 1.500 detenidos en todas las dependencias policiales de la provincia”, se le indicó al ministro nacional de Justicia y alertó que “se perjudica al aprehendido por someterlo a hacinamiento” y que “también se afecta a la seguridad porque se utiliza personal policial para su cuidado cuando debería abocarse a la protección civil”.
(Télam)