Organizaciones sociales repudian criminalizacion de la protesta en Jujuy

Organizaciones sociales de Jujuy advirtieron hoy sobre la “criminalización" de la protesta social que lleva adelante el Gobierno provincial al sostener que "se ha vuelto una constante” la emisión de actas contravencionales luego de marchas en reclamo de trabajo y alimentación.
Las organizaciones se referían a una marcha realizada a mediados de diciembre en reclamo de "una Navidad digna con trabajo y sin hambre", a la que siguió la emisión de actas contravencionales.
En este sentido, adelantaron que tras la culminación de la feria judicial, presentarán un reclamo ante la Justicia penal al interpretar estas actas contravencionales emitidas -que sumaron diez- como un "mecanismo de persecución ante el reclamo de derechos", además de una acción "ilegal".
“Se está acusando a dirigentes y organizaciones sociales simplemente por haberse movilizado interrumpiendo el tránsito vehicular, además se plantea que se violaron las normas relativas al distanciamiento social cuando en realidad se lo respetó”, dijo la abogada Mariana Vargas, que oficiará como defensora de los afectados.
Acusó al Gobierno provincial por buscar "amordazar" con "un código contravencional institucional y con causas legales" a las organizaciones "en el ejercicio de sus derechos”.
De la marcha habían participado alrededor de diez organizaciones y movimientos sociales que se movilizaron por calles de la capital provincial bajo la consigna de llegar a “una Navidad digna con trabajo y sin hambre”.
Desde el pasado jueves comenzaron a notificarse las actas de infracción, que alcanzan a los referentes sociales José Surita, Jorge Angulo, Gabriel Taboada, Gabriela Arroyo, Ivone Aparicio, Arnaldo Navarro, Sara Cruz, Eva Girón y Elsa Colqui, y a las organizaciones CCC, MTE y Llankaj Maki, según pudo saber Télam.
“Otra vez nos vemos violentados por reclamar derechos”, dijo durante el contacto con la prensa Ivone Aparicio, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Jujuy, al asegurar que, de todas maneras, seguirán movilizando.
Jorge Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios “Llankaj Maki”, sostuvo que la aparición de las actas contravencionales "no es casualidad" y está asociada a la “unidad” con la que los espacios comunitarios empezaron a plantear sus reclamos al Gobierno por “tierras para vivir y producir, puestos de trabajo y una solución concreta a la problemática alimentaria en la provincia”.
En tanto, José Surita, del Movimiento Evita, manifestó la “indignación” que significan las actas contravencionales y criticó además la falta de “sensibilidad social” y de "respuestas", sobre todo luego de las reuniones que siguieron a la marcha con la ministra de Desarrollo Humano local, Natalia Sarapura.
“Paraciera que en la provincia no se puede cuestionar nada, ni salir a las calles. Está a la vista lo que somos y lo que hacemos, y vamos a redoblar nuestra lucha”, resumió Romina Canchi, de la CCC. (Télam)