Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharán mañana a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la ley sancionada por la Legislatura que habilita a la justicia porteña apelar fallos de la justicia nacional y advirtieron que se "busca garantizar la impunidad" del expresidente Mauricio Macri y "cristalizar el Lawfare".

La marcha está prevista para las 11 en Cerrito 760, informó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y participarán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba), y el Frente Barrial, entre otras organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA).

La ley, que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, fue sancionada el jueves pasado en la Legislatura porteña con el apoyo de legisladores del oficialismo.

Con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-, quedó sancionada una modificación a la Ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

La secretaria de Comunicación de UTE, Paula Galigniana, dijo en declaraciones a Télam que "ese ministerio Público está viciado desde su creación" y afirmó que "está hecho a medida de un partido político, al que pertenece Horacio Rodríguez Larreta".

"Rodríguez Larreta aplica la mayoría automática en la Legislatura y la utiliza como una escribanía", denunció la dirigente gremial y manifestó que "así, avanza sobre los proyectos que le interesa, sin debate".

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En ese contexto, sostuvo que "nosotros venimos denunciando esto como lawfare porteño desde el año pasado".

En un comunicado, UTE advirtió que el TSJ "desde hace mucho tiempo que opera junto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscando garantizar la impunidad del ex Jefe de Gobierno Mauricio Macri entre otros", y "cristalizar el Lawfare para sostener los cimientos del neoliberalismo en la CABA".

"Este avance de Larreta pone en peligro todos los derechos del pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y por eso nos movilizamos frente a esta injusticia", señaló el gremio.

Asimismo, sostuvo que la actuación del TSJ "viene sosteniendo y avalando las definiciones de la administración contrarias al derecho social a la educación" y recordó que a fines del 2020 "redactó un fallo a la medida del gobierno porteño", mediante el cual "sólo podrán reclamar vacantes en el nivel inicial del sistema público quienes acrediten que no pueden afrontar económicamente una escuela privada".

La ley fue rechazada por autoridades nacionales y de la justicia, entre otros sectores.

El viernes pasado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró la norma como "escandalosa" e "inconstitucional" en su cuenta de la red social Twitter, donde también advirtió que Rodríguez Larreta se vale de la "mayoría automática" en el Poder Legislativo y alertó sobre la posibilidad de que el macrismo aspire a modificar la Constitución de la ciudad, en caso de triunfar en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre.

Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, afirmó que la iniciativa "tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri", y consideró que fue pensada "con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo" Argentino.

La fiscal Mónica Cuñarro, a su vez, la calificó de "secesionista" y dijo que "es sorpresiva la tozudez llamativa para lograr que una Ciudad Autónoma, por medio de un Tribunal de Justicia, controle fueros, jueces, se autoatribuya facultades propias el Congreso y facultades que son propias del orden federal".

En tanto, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (Amfjn), Marcelo Gallo Tagle, sostuvo que la entidad hará un "planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad" de la norma, porque "no es facultad de la Legislatura porteña, sino del Congreso Nacional" modificar fueros, competencias y jurisdicciones legales. (Télam)