La Corte Suprema de la Nación requirió a La Pampa que, en un plazo de 30 días, presente el "programa ejecutivo" de la obra "provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino al Acueducto Río Colorado" con evaluación del impacto ambiental.

Dentro del mismo plazo intimó a la provincia a que acompañe "todas las actuaciones relativas a los distintos aspectos ambientales del proyecto", e informe sistema de diagnóstico e información ambiental y mecanismos de participación ciudadana.

Así lo informó la oficina de prensa de la Corte y señaló que la causa fue promovida por dos vecinos de General Acha, María Laura de Aguirre y Fernando Omar Feito, quienes reclamaron el estudio de impacto ambiental de la obra.

Argumentaron que resultan "afectados" porque viven en General Acha, que abastece de agua potable a sus 15.000 habitantes con las aguas del Acuífero del Valle Argentino, que es una Reserva Hídrica Estratégica, según la resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Precisaron que el acuífero, de carácter interjurisdiccional, es una unidad geomorfológica que se extiende desde el Oeste, en la localidad de Chacharramendi, provincia de La Pampa, hasta la de Buenos Aires, hacia el Este, en la zona de Guaminí-Valimanca.

Según la demanda de "amparo ambiental", con esa obra La Pampa busca evitar el desabastecimiento de agua potable de las localidades de Quehué, Ataliva Roca, Santa Rosa y Toay, cuando se produzcan fallas en el funcionamiento del "defectuoso Acueducto del Rio Colorado", o "en situaciones en las que deje de prestar servicio por mantenimiento o readecuación".

Recordó, además, que en noviembre de 2018 y sin participación ciudadana fue aprobado por la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación determinadas zonas del Valle Argentino.

Expuso que la oferta del agua del acuífero "es cada vez menor" ya que "su sistema de recarga depende de las lluvias pampeanas, sobreexplotando el sistema con el riesgo de salinizarse y de comenzar a presenciar arsénico en el agua", lo que "lesiona, restringe, altera y amenaza los derechos de incidencia colectiva de los habitantes de la zona a un ambiente equilibrado". (Télam)