El oficialismo porteño aprobó hoy, en la sesión de la Legislatura, una modificación al Código Contencioso Administrativo y Tributario que habilita al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad a intervenir en causas vinculadas a procesos de amparos colectivos, a contrataciones y prestaciones de servicios públicos y a casos "de interés social".

La propuesta, formulada por el legislador de la UCR y exfiscal general, Martín Ocampo, quedó aprobada por 36 votos afirmativos de los bloques Vamos Juntos y UCR.

En tanto, se manifestaron en contra 17 diputados de las bancadas del Frente de Todos y la Izquierda; mientras que los dos socialistas se abstuvieron.

De acuerdo con lo sancionado, el actual fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, sumará competencias en las causas del fuero contencioso, administrativo y tributario a partir de la facultad que se le otorga para llevar adelante "una intervención especial y obligatoria" en distintos procesos.

En ese sentido, podrá expedirse en procedimientos de amparos colectivos -lo que por lo general se realizan contra alguna medida adoptada por el Estado porteño-, y también en los que "se refieran a la contratación o prestación de servicios públicos o a la contratación o ejecución de una obra pública".

También podrán expresarse en aquellas causas "en que esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad".

Desde la oposición porteña, en tanto, rechazaron los cambios al sostener que "la intervención especial y obligatoria que se propone es en supuestos muy amplios que limitan la potestad jurisdiccional e implican una afectación seria a la celeridad de los procesos y a la garantía efectiva de los derechos en juego, con particular gravedad en los supuestos de medidas cautelares".

Al respecto, la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira consideró que "este proyecto que se trata es una gravedad inusitada" porque "la reforma modifica el rol del Ministerio Público Fiscal y lo convierte en un auxiliar del Poder Ejecutivo"

Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda, sumó su crítica al indicar que "esto es muy grave y una barbaridad porque afecta al interés general y concentra el poder en el Fiscal General". (Télam)