La cuarta jornada del juicio civil al exmarino Roberto Guillermo Bravo por su responsabilidad en la Masacre de Trelew continuaba en un tribunal de los Estados Unidos, con las declaraciones como testigos del forense perito que realizó pericias en la Base Naval en 2007, un conscripto y Raquel Camps, hija de Alberto Camps, una de las víctimas de los crímenes cometidos el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada, donde fueron asesinados 16 militantes políticos.

Así lo informó hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que representa legalmente a los demandantes, al señalar que ayer en una corte del estado de Florida, Rodolfo Guillermo Pregliasco, director del Departamento de Física Forense del Centro Atómico en Buenos Aires declaró como testigo pericial y presentó un modelo reconstruido de la Base Naval Almirante Zar (“Base”) en 1972.

A partir del examen de varias capas de pintura y de marcas en la pared -un trabajo inicialmente realizado en 2007 para la justicia argentina-, Pregliasco creó un diagrama del bloque de celdas y una imagen a escala de los 19 prisioneros parados lado a lado en el pasillo de casi un metro y medio de ancho.

Luego, al analizar el orificio de bala en la parte inferior de la pared de la Base determinó su trayectoria según el sitio del disparo, lo cual demostró físicamente para el jurado: “Si el disparo vino desde detrás de donde estaban parados los prisioneros al principio del pasillo, sostuvo una pistola imaginaria sobre su cabeza; si provino de entre el pasillo y la pared, sostuvo la pistola imaginaria a la altura del pecho; y si vino de más cerca de la pared, la sostuvo a la altura de la cintura”, siempre según el reporte del Cels.

Asimismo, Pregliasco reconoció que “la Base fue renovada numerosas veces entre 1972 y su primera visita en 2007”.

Al ser consultado si en alguna ocasión vio modelos, registros o planos de construcción anteriores, Pregliasco lo negó: “No, pese a haber pedido esta información a los militares”.

También se le preguntó sobre dos fotografías publicadas en un periódico argentino días después de la Masacre de Trelew que mostraba puertas internas y externas al baño que quedaba cerca de las celdas.

Pregliasco explicó que usó las fotografías para ayudar a crear la reconstrucción, porque “la puerta externa original del baño seguía en el mismo lugar cuando fue en 2007”, y las imágenes lo ayudaron a ubicar el área reparada en donde había dado la bala de la parte inferior.

A su vez, esto lo ayudó a determinar la trayectoria de la bala cuando fue disparada, explicó el forense.

En esa línea, aclaró que raspó la pintura de la pared para hallar el orificio de bala, que “había sido reparado con yeso sintético o masilla sintética”.

Además, el jurado vio un vídeo de la declaración jurada de Carlos Celi, conscripto en la Base durante la masacre, donde sostuvo que su trabajo allí era de encargarse del único teléfono del que se disponía para recibir llamadas de afuera.

En su declaración, destacó que el teléfono se hallaba en una habitación cerca de las celdas en donde tuvo lugar la masacre y que “en todo momento debía haber alguien atendiendo el teléfono”, pero la noche de la masacre, sin embargo, “nadie estaba a cargo de la habitación del teléfono”.

Celi relató que, después de la masacre, “se instruyó -a los conscriptos- a apegarse a la historia oficial propagada por los militares”, pero él no creía que los prisioneros intentaron escaparse porque “la Base tenía muchos guardias y muy pocas salidas”-

A su turno, Raquel Camps -hija de una las víctimas- relató que nunca conoció a su padre y que sus abuelos le contaron que él y su madre murieron en un accidente de auto. Pasados los años leyó en un periódico que su padre fue una víctima en la Masacre de Trelew y luego asesinado en su quinto aniversario; y explicó que su madre y su tío fueron desaparecidos después.

Entre lágrimas, Camps testificó que comenzó a buscar justicia para su familia y que en 2005 se entabló un caso penal contra los soldados responsables de los disparos.

Cuando se le preguntó sobre su seguridad durante el caso, explicó que tenía “miedo por su familia, pero que fue un alivio recibir protección como testigo. Pasado el agotador litigio, los tres soldados fueron condenados, pero solo Bravo sigue impune”.

La hija del militante asesinado concluyó que entabló este caso contra Bravo porque “ha estado libre por demasiado tiempo y ella ya no puede esperar más”.

El juicio comenzó el lunes pasado, tras la demanda presentada por familiares de cuatro víctimas de la masacre de Trelew (Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villareal de Santucho y Alberto Camps) e impulsada por abogados del Cels y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos estadounidense.

En la tercera jornada fue el turno de la declaratoria de Bravo, quien declaró su inocencia y contó que el 15 de agosto de 1972 -día de la fuga de la Prisión de Rawson que protagonizaron de forma conjunta militantes de FAR, ERP y Montoneros-, estaba en Buenos Aires y le ordenaron que volviera a la base aeronaval de Trelew, donde fueron alojados los presos políticos que no pudieron completar el escape.

En esa unidad militar se le encargó vigilar a 19 prisioneros, con quienes tuvo “interacciones mínimas hasta el 22 de agosto, fecha en que, al estar trabajando en documentación reglamentaria, un marinero vino a las 3:00 a decirle que debía ir a ver a los detenidos”, según se detalló en la comunicación difundida por el Cels. (Télam)