La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) dictaminó que "no resulta admisible en que un juez forme parte del séquito de un Gobierno", y consideró que cuando altos magistrados de un país mantienen "reuniones sociales reiteradas" con un Presidente de la Nación, se "afecta sensiblemente el principio de separación de poderes", informaron hoy fuentes judiciales de La Pampa.

El dictamen del CIEJ, fechado el 30 de abril pero difundido hoy, surge a partir de una consulta específica formulada por el representante argentino en la entidad y actual presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Eduardo Fernández Mendía, a partir de las visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al expresidente Mauricio Macri, en la residencia de Olivos y en la Casa Rosada.

En su consulta, Fernández Mendía pidió la opinión de la CIEJ acerca de si "tiene implicaciones éticas la conducta de altos magistrados penales (…) que frecuentan socialmente a un primer mandatario en reiteradas oportunidades, mientras en sus órganos jurisdiccionales se sustanciaban causas donde se investigaba el desempeño de altos funcionarios del Gobierno".

En el dictamen -al tuvo acceso Télam- la CIEJ consideró que "no resulta admisible en nuestros días que un juez forme parte del séquito de un Gobierno", y evaluó que cuando altos magistrados de un país mantienen "reuniones sociales reiteradas" con un Presidente de la Nación, se "afecta sensiblemente el principio de separación de poderes".

Añadió que se vulneran los principios éticos de "independencia e imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables".

La solicitud de Fernández Mendía se produjo a partir del planteo de una jueza de la Cámara de Casación Penal (Ángela Ledesma) sobre las visitas de jueces al presidente de la República, mientras ellos mismos sustanciaban causas "en las que se investigaba el desempeño de altos mandatarios políticos".

Si bien en el dictamen no aparecen nombres propios, el requerimiento aludió claramente a los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y al expresidente Mauricio Macri, informaron a Télam fuentes judiciales.

La Comisión, cuya creación data de 2006, desarrolla una labor consultiva que se ha manifestado en la adopción de varios dictámenes relativos al desempeño de los jueces en ámbitos como las redes sociales, las relaciones con los medios de comunicación, la participación en tribunales deportivos o la pertenencia a logias masónicas, entre otros.

En respuesta al requerimiento, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial reiteró que "el ejercicio del Poder Judicial se basa en la confianza de los ciudadanos en sus jueces y, por esa razón, resulta esencial la separación de poderes, real y efectiva; pero también preocupada por no transmitir una imagen de confusión de poderes".

"El caso que fue objeto de consulta se refiere a las reuniones sociales y reiteradas de varios jueces (de un alto tribunal de un país) cuando ya estaban en marcha, o era previsible que se iniciasen procedimientos de enjuiciamiento respecto de mandatarios políticos", expresó el organismo, y agrega: "Aquí se produjo una afectación sensible al principio de separación de poderes y, además, debe considerarse vulnerado (…) el principio ético de independencia".

Más adelante, la CIEJ remarcó que quedó "afectado el principio de imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables. El hecho de que la cuestión se plantee entre titulares de instituciones superiores del Estado tiene una trascendencia extraordinaria para los demás jueces y funcionarios públicos".

"Desde el punto de vista del comportamiento, y parafraseando la jurisprudencia europea, cualquier juez sobre quien haya una razón legítima para temer por su falta de imparcialidad, debe abstenerse", acotó.

En otro tramo de la resolución, la Comisión indicó que "la necesaria cooperación armónica entre los órganos del Estado no impide, ciertamente, la presencia institucional de los jueces, como muestra de cortesía, en reuniones públicas con los más altos responsables políticos de la Nación. Sin embargo, resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. En estas condiciones, se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha".

La CIEJ concluyó que "sin perjuicio de la cortesía y el fomento de las buenas relaciones institucionales de los jueces con otros poderes del Estado, en especial el Ejecutivo, no resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno, y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado".

(Télam)