Multisectorial de la comunicacion pidio que se apruebe la prorroga de asignaciones especificas

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) respaldó hoy el proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas para el sector audiovisual y otras industrias culturales, que el miércoles pasado obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y solicitó que la iniciativa "obtenga las mayorías necesarias y se convierta en ley con el fin de honrar el mandato constitucional y los tratados internacionales que promueven la diversidad y el patrimonio cultural".
Constituida por más de 300 organizaciones sociales, cooperativas, sindicales y educativas, la multisectorial advirtió que si el proyecto que ya tiene trámite legislativo (identificado por el número 3823-D-2021) no se aprueba, entrarían en riesgo "los fondos de asignación específica" que reciben el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de Música (Inamu), el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Instituto Nacional de Teatro, y además "se perdería la autarquía en los mecanismos de financiamiento" en esos organismos, alertó la entidad.
A través de una solicitada, la CCD recordó que una norma sancionada por el Congreso en 2017 durante la gestión de Cambiemos -la ley 27432- estableció que las asignaciones específicas que están vigentes y que promueven el desarrollo del cine argentino, la música nacional e independiente, el teatro, el sector editorial y los medios comunitarios, públicos y creados por pueblos originarios (fondos que habían sido creados por una ley anterior, la 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual) "mantendrían su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022", lo que implica que un año y un mes podrían caer.
En una postura muy crítica hacia la ley 27432, la multisectorial señaló que esa norma -sancionada en el Congreso durante la gestión de Mauricio Macri- estuvo "inspirada en las recetas de ajuste del FMI" y planteó que uno de sus objetivos fue que los recursos de asignación específica sean conducidos a partir del 2022 "desde la cuenta de Rentas Generales" y no desde los organismos públicos de cada sector, como ocurre hasta ahora.
La CCD vinculó esta intención con el paradigma "del liberalismo económico y político" que -puntualizó- busca "desfinanciar la diversidad cultural de la Argentina reduciendo las obras audiovisuales, cinematográficas o literarias a simples mercaderías que pueden ser despojadas de tutela especial o de fomento económico".
Además, la entidad defendió el sostenimiento de las medidas de fomento a actividades culturales, vía asignación de fondos específicos, y aseguró que "los mismos principios deberían refrendarse también ante el actual escenario de consumo digital mediante plataforma de bienes y servicios culturales off-shore", en alusión a las plataformas por streaming, llamadas OTT por la expresión en inglés "over de top" (por encima), ya que para difundir contenido no requieren de un proveedor intermedio.
La multisectorial también citó normas del Derecho Internacional como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco (organización de las Naciones Unidas para la cultura y la educación), del año 2005, que -recordó en la solicitada- "destacó la necesidad de aplicar políticas públicas de apoyo a artistas, productores y organizaciones sociales que apunten a proteger y promover la diversidad de expresiones culturales, incluyendo medidas fiscales específicas".
"Resulta necesario sostener y ampliar esas políticas públicas, mediante diversas iniciativas como el tratamiento, entre otros, del proyecto de ley de Fomento al Pluralismo Informativo para promover un debate público democrático", concluyó el documento con un párrafo en el que las organizaciones cooperativas, sindicales, sociales y educativas que integran la CCD reclamaron por la suerte de otro proyecto ingresado a la Cámara baja, presentado en agosto de 2020 con el número 4340-D-2020, y que desde entonces no tuvo movimiento.
Se trata del proyecto de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, que en su momento tuvo al apoyo de organizaciones de medios autogestivos y sindicatos de prensa y que apunta a que el Estado "impulse el pluralismo con el mayor grado posible" y "promueva el incremento en la expresión de los colectivos" para "lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público".
La CCD surgió hace unos años a partir de los debates contra la concentración mediática y en el año 2009 participó de los foros que se realizaron a lo largo del país para discutir la necesidad de una nueva legislación en materia de Medios -lo que luego sería la ley 26522- para reemplazar a la ley de Radiodifusión de la dictadura (ley 22.285, instituida el 15 de septiembre de 1980). (Télam)