El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación destacó hoy la digitalización y modernización impulsadas desde el área de Asuntos Registrales, en línea con "construir un Estado más eficiente y cercano a las necesidades de la gente".

La cartera de Martín Soria informó que, de acuerdo con los datos de gestión del Registro Nacional de Reincidencia, el 73,5% de los trámites sobre Certificados de Antecedentes Penales se realizaron de manera electrónica, contra el 87% que se había realizado de manera presencial en 2019, el año previo a la pandemia de coronavirus.

"Desde los distintos organismos del Estado es muy importante que canalicemos todos los esfuerzos que se hicieron en la pandemia para construir un Estado más eficiente y cercano a las necesidades de la gente", dijo la cartera en un comunicado.

"Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación trabajamos para darle continuidad y profundizar las medidas implementadas en ese contexto que pueden facilitarle la vida a las personas, como lo es la gestión online de trámites, que permite que las personas ahorren tiempo y dinero del trasladado para realizar los trámites", expresó Soria.

El Ministerio resaltó en un comunicado la política de digitalización que impulsa la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación y detalló que "el Registro Nacional de Reincidencia logró modificar la forma en que los usuarios gestionan sus trámites, logrando que de los 718.721 trámites vinculados a Antecedentes Penales que se realizaron durante los primeros 3 meses del año, el 73.5% de estos (528.260 tramites) se gestionen de manera electrónica".

En este mismo sentido, entre enero y marzo de 2022 se realizaron 115.271 trámites vinculados a antecedentes penales más que en los mismos meses de 2019, gestionándose 718.721 trámites en 2022 y 604.854 en el mismo período de 2019, informaron.

"Las cifras de gestión dan cuenta que la utilidad de la política de modernización impulsada desde el Ministerio de Justicia no se limitó únicamente a facilitar el acceso a los documentos y generar un ahorro de tiempo a los usuarios, que ya no tiene que realizar el trámite de manera presencial, sino que también logramos aumentar la capacidad de trámites que puede procesar el Registro", explicó el Subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta.

Las gestiones vinculadas a antecedentes penales se dividen en dos: Certificados de Antecedentes Penales (CAP), que son aquellos que se expiden a pedido de las personas para conseguir nuevos trabajos o solicitar visas de viaje, entre otras funciones; Informe de de Antecedentes Penales (IAP), requeridos por la Justicia y las distintas fuerzas policiales ante casos de detenciones o en el marco de causas judiciales, como también la Dirección Nacional de Migraciones u otros organismos del estado que necesiten contar con la información.

Los pedidos y expedición de CAP también dan muestra del gran trabajo que se realiza en pos de la mejora del servicio para el usuario: en 2019 el 87% de los CAP se realizaron de manera presencial, en 2020 el 76,7% del total, en 2021 representaron el 37,7% y en 2022 los tramites presenciales representaron el 31% de los CAP expedidos, gestionándose 424.948 pedidos de un total de 615.129 de manera electrónica.

En relación con los IAP, el trabajo de modernización permitió que prácticamente el 100% de los informes se realicen de manera electrónica, solo 276 de los 103.316 Informes de Antecedentes Penales requeridos entre enero y marzo de 2022 se realizaron de manera presencial.

La política de facilitación y modernización de la gestión de trámites del Registro Nacional de Reincidencia se complementa con la política de descentralización operativa de la recepción y expedición de los Informes y Certificados de Antecedentes Penales implementada a través de la Unidades de Expedición Rápida (UER)

Entre 2021 y 2022 desde el Ministerio de Justicia y DDHH se firmaron convenios con distintos municipios y organismos que permitieron la apertura de 14 Unidades de Expedición Rápida, distribuidas en 7 provincias. Dichos convenios permiten la descentralización del Registro sin que signifique un costo presupuestario extra. (Télam)