El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) realizará mañana una nueva audiencia del juicio “Escuelita VII” para dar lugar a las réplicas y dúplicas de las partes, tras culminar la semana pasada la etapa de los alegatos, en un proceso que tiene a 15 exjefes militares y policiales acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar contra 20 víctimas, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.

Mañana a las 8.30 comenzarán las réplicas del Ministerio Público Fiscal y de las querellas, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Luego será el turno de las dúplicas de los cuatro defensores públicos y de un abogado particular que representa a su padre imputado en la causa.

El Ministerio Público Fiscal requirió prisión perpetua para los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, Osvaldo Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres de las víctimas.

También requirió prisión perpetua para el exjefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén, Oscar Reinhold y para los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

En tanto, solicitó 25 años de prisión para el expiloto militar Juan José Capella y para el exsegundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza.

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El fiscal José Nebbia pidió 10 años de cárcel para el excomisario de la policía de Río Negro Desiderio Penchulef; 9 años para el exoficial de la Policía Federal, Miguel Ángel Cancrini y 8 años para el expolicía rionegrino, Enerio Huircaín.

Debido a la gravedad de los hechos ocurridos en 1976, Nebbia requirió la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y la inmediata detención de Capella, Soza, Huircaín y Penchulef.

Al mismo tiempo pidió que las condenas se cumplan en cárcel común y que sean dadas de baja las pensiones, jubilaciones y retiros que perciben los acusados.

Las defensas coincidieron en solicitar la nulidad del juicio, la inconstitucionalidad de los pedidos de prisión perpetua para 10 de los acusados, además de la absolución de los delitos por los que llegaron a juicio.

El presidente del TOF, Alejandro Cabral, informó en la audiencia del 17 de noviembre pasado, que el 1 de diciembre los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto que se conocerá el 9 de diciembre próximo.

(Télam)